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El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina rechazó que Morena asuma algún costo político por el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), pues antes de este año ya se cobraba. Se suspendió por mandato de la Corte en 2021, pero se van a subsanar los visos de inconstitucionalidad.

En entrevista con medios, el también coordinador de diputados de Morena en el Congreso local comentó que todavía no hay una fecha para la sesión extraordinaria en la que se aprobará el cobro del DAP, pues las áreas técnicas están trabajando en el análisis de las fórmulas y también se avanza en la construcción de consensos para el momento de la votación.

Sergio Céspedes aseguró que con el cobro del DAP no se busca afectar a la ciudadanía, pues este derecho se cobraba desde hace 20 años. Sin embargo, se suspendió porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional, pero ahora se realiza trabajo legislativo para modificar la manera en la que se cobra, tomando en cuenta las particularidades de los municipios.

El diputado local no descartó que se establezca una fórmula similar para todos los municipios y que el cobro sea constitucional, pero se tomará en cuenta lo señalado por la Corte, para que sea proporcional y equitativo en los municipios en razón de la cantidad de habitantes, quienes podrán exigir un mejor servicio de alumbrado público.

Destacó que, además del análisis técnico se construyen los consensos para la aprobación de este tema, pero al mismo tiempo reconoció que hay actores que han querido darle otra interpretación por la construcción de un “proyecto político” o para sacar “raja política”.

“No podemos nosotros asumir ningún tipo de costo político cuando sabemos que lo solicitaron los municipios y es una herramienta que solicitaron para poder hacer un buen ejercicio de gobierno y también sin duda es una política de gobierno lo que hoy se ve”, indicó.

Hasta ahora son 146 municipios los que han integrado el cobro del DAP y las áreas técnicas del Congreso están en el análisis de las fórmulas para evitar que sean inconstitucionales. Sergio Céspedes comentó que, quienes no modifiquen su Ley de Ingresos caerían en irregularidades y hasta podrían ser sancionados.