La Contraloría del Ayuntamiento de Puebla mantiene abiertas 30 expedientes por investigación contra las administraciones de Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez.
Así lo comunicó la contralora Dulce Rivera Aranda, tras participar en la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, encabezada por Francisco Ayala Gutiérrez.
Durante la sesión, se avaló por mayoría los estados financieros del mes de julio del Ayuntamiento de Puebla. Después de que se realizaron varios requerimientos por parte de integrantes Cabildo, para garantizar la transparencia en el gasto público.
Durante la sesión, se reportó que el Ayuntamiento cuenta con mil 484 millones de pesos en bancos; aunque la liquidez va a la baja.
En el apartado de ingresos, se identificó que, por Participaciones y Aportaciones, la Federación ha enviado al Ayuntamiento de Puebla más de tres mil 224 millones de pesos.
Mientras que, se han logrado recaudar más de mil 100 millones de pesos por cobro de impuestos y derechos.
Tras finalizar la sesión, la titular de la Contraloría de Puebla capital, señaló que se cuentan con 30 expedientes abiertos en contra de la gestión de Eduardo Rivera y Adán Domínguez.
Esto por irregularidades dentro de la carpeta de entrega-recepción y en las cuentas públicas aprobadas por el Cabildo. Además de que se detectaron algunas diferencias en los expedientes de contratación de obra, falta de evidencias y pagos incompletos.
Además de 30 expedientes, Contraloría de Puebla cuenta con cuatro auditorías vigentes
Asimismo, Dulce Rivera señaló que el Ayuntamiento de Puebla mantiene abiertas cuatro auditorías en materia de obra pública.
Sin embargo, estas no solo corresponden a la pasada gestión panista; pues también se encuentran auditando obras de José Chedraui Budib. A fin de garantizar la transparencia del actual gobierno municipal.
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En cuanto a los informes solicitados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Contralora señaló que se remitió toda la información solicitada por el órgano fiscalizador.
Por lo que, será las autoridades correspondientes quienes determinen si existió o no un daño patrimonial.
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