El Senado remitió al Congreso de Puebla la reforma para la creación de la Ley General en materia de Extorsión, a fin de unificar criterios y sanciones.
Esto, después de que los legisladores de la Cámara Alta aprobaron por unanimidad el dictamen la reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El proyecto fue enviado a las legislaturas locales para su aprobación, pues cuentan con 180 días para aprobar la Ley General en materia de Extorsión.
El pasado jueves 25 de septiembre, la Mesa Directiva del Congreso de Puebla turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la iniciativa para el estudio y aprobación de la Ley General contra la Extorsión.
Por lo que se espera que sea durante la siguiente sesión ordinaria, el próximo 2 de octubre cuando se avale la reforma constitucional.
¿En qué consiste la reforma contra la extorsión enviada al Congreso de Puebla?
Con 106 votos a favor, el Senado aprobó la reforma propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
La reforma busca establecer lineamientos a nivel nacional para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión. Además de establecer mecanismos efectivos de atención a las víctimas, ofendidos y testigos.
La reforma dotará al Congreso de la Unión facultades para expedir una legislación general. Con la que se buscará la homogeneización del tipo penal y las penas en materia de extorsión.
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Con esta Ley General, se desarrollarán mecanismos de colaboración entre los tres niveles de gobierno a través del uso de la tecnología y los sistemas de inteligencia.
Dentro de la exposición de motivos, se evidenció que la extorsión es un delito de alto impacto que se ha incrementado a nivel nacional. Por lo que los programas y estrategias han resultado insuficientes en todos los órdenes de gobierno.
Este delito incrementó en los últimos años en un 57.9 por ciento. Al pasar de un promedio de 18.8 casos diarios en 2018 a 29.7 en enero de 2025.
Asimismo, se evidenció disparidad entre la normativa federal y las instancias locales. Cabe señalar que, en Puebla, de acuerdo con el Código Penal, se castiga este delito con hasta diez años de prisión y multa de hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA´s).
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