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El Congreso de Puebla se encuentra a un paso de avalar la “Ley 3 de 3”. Cuyo objetivo es impedir que deudores alimentarios y “violentadores” puedan ocupar cargos públicos o sean candidatos.

La tarde de este miércoles 17 de Mayo, la Comisión de Gobernación del Congreso de Puebla avaló la Ley 3 de 3. Y en próximos días será ratificada en el Pleno.

Hasta este momento, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido avalada en 16 Congresos Estatales.

Con esto, solo hace falta que un solo Poder Legislativo local avale la iniciativa remitida por el Senado, para que esta se haga oficial.

Los Congresos de Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Estado de México, Morelos, han dado su aval.

Además de los diputados de Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El próximo viernes 19 de mayo, los diputados poblanos convoquen a una sesión extraordinaria en el Pleno del Congreso, para validar la “Ley 3 de 3”.

Este 17 de mayo, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla avaló por unanimidad la propuesta de la Federación.

¿En qué consiste la Ley 3 de 3?

Con esta nueva ley denominada “3 de 3”, se busca reformar los artículos 38 y 102 de la Constitución Mexicana.

Para establecer la suspensión de los derechos políticos de quienes tengan una sentencia en firme por haber cometido violencia familiar. Delitos sexuales o haber ejercido violencia política de género.

Elevar a rango constitucional la medida ‘3 de 3 contra la violencia’. Y establecerla como un requisito para ser registrado como candidata o candidato de elección popular. O ser nombrado para cualquier empleo o comisión en el servicio público; otorgaría certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores. Y representaría un avance significativo en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres”.

Cita el proyecto enviado a los Poderes Legislativos estatales. Es decir, aquellas personas obligadas por ley a dar pensión para la manutención de sus hijos.

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Esta sanción estaría vigente a partir de las elecciones del 2024. Por lo que cualquier persona sancionada por “violentadora” o que ha incumplido con sus obligaciones alimentarias, no podría competir en el proceso electoral.

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