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En el Congreso local fue presentada una iniciativa para castigar hasta con 12 años de prisión a quienes cometan violencia familiar en Puebla contra personas con alguna discapacidad y mujeres embarazadas.

El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Eduardo Castillo López, propuso modificar el artículo 284 Bis del Código penal, donde se fijan las sanciones por agredir a un integrante de la familia.

Actualmente, existe una pena de dos a ocho años de prisión por este delito. El legislador planteó como agravante que las agresiones se cometan contra “personas con capacidades diferentes o mujer en periodo de gestación”.

De esa forma, se propone que la pena aumente hasta en una mitad, quedando de cuatro a 14 años de cárcel, así como una multa de cincuenta hasta 200 unidades de Medida y Actualización (UMAS), lo que equivale a un monto de 4 mil 811 a 19 mil 244 pesos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y votación.

Violencia familiar debe considerarse como problema de salud

En los considerandos, Castillo López comentó que investigaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han insistido en que la violencia familiar en Puebla y a nivel nacional debe considerarse como un problema de salud, debido a su prevalencia y al daño que genera, siendo necesaria la creación de estrategias que permitan frenarla.

También, destacó que las agresiones dentro del hogar causan depresión, discapacidades, problemas de autoestima, afectaciones intelectuales, al igual que inhibe la creatividad y la socialización de las víctimas.

Con esta propuesta se obliga a las instituciones y también a la ciudadanía a prestar atención a las víctimas de violencia familiar que tienen una discapacidad, o bien que se encuentran gestando, y que muchas veces por el estigma, la falta de recursos y difusión de tema, no acuden a denunciar”.

La violencia familiar en Puebla es un problema cotidiano. En 2020, nueve de cada diez reportes que hicieron las poblanas fueron para pedir auxilio por agresiones dentro del hogar, según estadísticas elaboradas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

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