Una pena de hasta 10 años de prisión fue propuesta en el Congreso del Estado contra cualquier persona que realice extorsiones telefónicas en Puebla. Subirá, si los responsables son servidores públicos.
La diputada del PRI, Norma Reyes Cabrera planteó en una reforma que este delito ha ido en aumento, ya que se registraron 8 mil 698 denuncias a nivel nacional entre enero y octubre del 2022, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
La diputada destacó, en dicha fecha, que la entidad poblana registró 94 carpetas de investigación por este delito. Razón que la motivó a presentar esta reforma al Código Penal estatal para incorporar la figura de extorsión telefónica en Puebla.
Al buscar la modificación del artículo 292 Bis, propuso una pena de dos a diez años de prisión a quien cometa el delito de extorsión “por vía telefónica o cualquier medio de comunicación. Mediante los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión de voz, sonidos o información”.
A ello, se sumaría una multa de 100 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a un monto de 9 mil 622 a 96 mil 220 pesos.
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Además, se quedaría lo que actualmente propone dicho artículo, sobre elevar la pena en dos tercios. Cuando los responsables sean “servidores públicos o miembros de una institución de seguridad privada”, que abusen de su cargo o del mobiliario para la extorsión.
Para estas personas, la sanción mínima es de tres años dos meses, mientras que la máxima alcanza los 16 años seis meses.
La iniciativa de Norma Reyes se turnó a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio.
Otra propuesta contra la extorsión en Puebla
En octubre del 2022, cuando era presidente del Congreso del Estado, el ahora gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina propuso una pena de tres a 15 años de cárcel por extorsión digital.
Esta también se castigaría, cuando fuera contra “un menor de edad o una persona de sesenta años, así como a mujeres en estado de gravidez”.
La pena por extorsión digital aumentaría si el delito se cometía con violencia física, armas o cualquier otro “instrumento peligroso”, o cuando los extorsionadores hubieran extraído el dinero.
Sin embargo, esta iniciativa aún no es discutida en el Poder Legislativo.
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