Alto a la extorsión
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En el Congreso del Estado fue presentada una iniciativa para subir las penas de prisión contra las personas que retrasen o nieguen un trámite sin motivo, así como por discriminación a embarazadas en Puebla dentro del trabajo.

La diputada de Morena, Guadalupe Yamak Taja, indicó en su iniciativa que las mujeres en gestación son quienes frecuentemente sufren de alguna discriminación laboral, según la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.

Destacó que esta situación se refleja en hostigamiento laboral, cambio de condiciones laborales. Y hasta en negarles permisos para acudir a citas médicas relacionadas a su embarazo, entre otros derechos que tienen.

La diputada propuso una modificación al artículo 357 del Código Penal, para sancionar con una pena de uno a tres años de prisión a quien “niegue o restringa derechos laborales de cualquier tipo”.

También, se aplicaría una multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a un monto de 9 mil 622 a 48 mil 110 pesos.

En cambio, cuando un servidor público retrase un trámite como medida de discriminación a embarazadas, la pena en Puebla subiría hasta en una mitad, quedando de entre un año y medio a cuatro años y medio de cárcel.

Además, “se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta”.

Si se impide algún trámite a una mujer embarazada o si se hace como una manera para ejercer violencia de género, entonces el castigo sería de tres a seis años de prisión.

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Combatir discriminación de embarazadas en Puebla

A su vez, se modificaría el artículo 14 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Lo anterior para considerar como violencia cualquier acto de discriminación laboral por embarazo. Ya que esto vulnera los derechos de la víctima y de su bebé.

En la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, se propuso que los titulares de los distintos poderes generen condiciones para prevenir la discriminación laboral, “en especial por razón de embarazo y maternidad” en las oficinas gubernamentales.

Esta iniciativa se turno a la Comisión de Procuración y Administración y de Igualdad de Género para su estudio.

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