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El Pleno de la LXI Legislatura del Congreso del Estado recibió el dictamen con minuta de decreto del diputado, Roberto Solís Valles, por el que se reforma el artículo 62 del Código Penal, con la intención de aumentar las opciones para realizar el trabajo a favor de la comunidad y procurar que las sanciones impuestas se relacionen equitativamente con la infracción realizada.

Durante la exposición, el diputado expresó que solo considera el trabajo a favor de la comunidad el realizado dentro de instituciones públicas de educación, asistencia o servicio social, o en instituciones privadas asistenciales y no lucrativas por lo que propuso que estas acciones también sean en beneficio de la sociedad.

Más aún, con la reforma se busca incluir la prestación de servicios, dado su impacto y beneficio social, dentro de las modalidades bajo las cuales los infractores podrán restituir a la sociedad el agravio en los que incurran”, expresó.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y resolución procedente.

En otro momento de la sesión el diputado Néstor Camarillo Media dio lectura al dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla; de la Ley Orgánica de la Administración Pública; de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación; de la Ley de Desarrollo Social; de la Ley de Educación; de la Ley de los Trabajadores al Servicio; y de la Ley Estatal de Salud.

Lo anterior con la intención de incorporar el principio de paridad de género y reconocer el derecho de toda persona a que ejerzan las funciones de paternidad, a gozar de una licencia laboral con goce de sueldo con el mismo periodo que la de maternidad para que ambas partes tengan la misma responsabilidad en el cuidado de las o los menores.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Igualdad para su análisis y resolución procedente.

Mediante un punto diferente en el orden del día, la diputada Karla Rodríguez Palacios propuso reformas al Código Civil para establecer que, para que se autorice la adopción, los interesados deberán reunir las condiciones que acrediten plenamente que no hayan sido condenados por delito de feminicidio, violencia familiar o algún otro delito doloso, así como no sean deudoras alimentarias.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y resolución procedente.

Asimismo, el diputado Miguel Huerta Rodríguez propuso diversas reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento Interior ambos del Poder Legislativo para promover la lectura entre la y los poblanos por medio de diferentes funciones para el Comité de Diario de Debates, Crónica Legislativa y Asuntos Editoriales como la publicación de revistas con tema de interés general.

El dictamen se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Por otra parte, la Mesa Directiva dio cuenta de los siguientes puntos:

Iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de las 217 leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2023 respecto al pago de derechos por expedición de certificaciones de datos o documentos en los archivos municipales relacionados con el derecho a la información pública. Fue presentada y turnada a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.

Iniciativa que propuso el diputado Rafael Micalco Méndez para realizar reformas al Código Penal para tipificar y sancionar en la legislación penal del estado de Puebla, el robo de autopartes. El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y resolución procedente.

En Asuntos Generales el diputado Iván Herrera Villagómez presentó un exhorto a diferentes dependencias del municipio de Puebla para que en la Unidad Habitacional de San Pedro atienda un socavón que se está generando y den mantenimiento a las calles que se están deteriorando.

También la diputada Nora Merino Escamilla presentó un exhorto al ayuntamiento de Puebla para que rinda un informe del protocolo de actuación de la Policía durante la marcha del 8 de marzo.

Ambos fueron turnados, por separado, a la Comisión de Asuntos Municipales para su análisis y resolución correspondiente.

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