Con la finalidad de establecer la figura de diputado migrante y que este grupo se encuentre plenamente representado en el Poder Legislativo, el diputado Edgar Garmendia de los Santos presentó una iniciativa que propone cambios en los artículos 33 y 36 de la Constitución Política del Estado de Puebla.
En sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, el diputado destacó la importancia de los migrantes en la economía y el desarrollo de Puebla ante el envío de remesas para sus familias, además de la amplia cantidad de connacionales que habitan en Estados Unidos.
El legislador planteó que de los diputados electos bajo el principio de representación proporcional, uno deberá tener la calidad de migrante o binacional al momento de la elección; además, deberá acreditar su residencia, que forma parte de organizaciones en la materia y mostrar que ha fomentado o promovido vínculos con la comunidad migrante.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio.
En otro punto de la sesión ordinaria, la diputada Nora Merino Escamilla presentó una iniciativa de reforma por la que se adiciona el artículo 31 Bis de la Constitución Política del Estado de Puebla, a fin de establecer las bases respecto a la imagen institucional en los Poderes Públicos.
A nombre de sus compañeros Guadalupe Leal Rodríguez y Jaime Natale Uranga, con estas reformas se establece que la imagen institucional, manuales de identidad y colores de los bienes inmuebles de los Poderes Públicos deberán ser aprobados por el Congreso del Estado cada 12 años y tendrán que utilizar colores que no se vinculen a un partido político.
En tanto, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa de la diputada Guadalupe Leal Rodríguez y del diputado Eduardo Alcántara Montiel para modificar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales y, con ello, el criterio de obtención de apoyo ciudadano para una candidatura independiente a fin de que se tome en cuenta el 3 por ciento de la votación válida emitida de la elección anterior.
En caso de que a las candidaturas independientes se les asigne diputaciones de representación proporcional, éstas recaerán en el orden de prelación de las fórmulas de diputados que tenga mayor votación recibida, plantea la propuesta.
Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.
Presentan iniciativas para modificar el Código Penal del Estado de Puebla
Durante la sesión ordinaria, la diputada Daniela Mier Bañuelos presentó una iniciativa de reforma al artículo 258 del Código Penal del Estado de Puebla, para castigar a quienes realicen o participen en retenes falsos.
La iniciativa plantea imponer sanciones de dos meses a dos años de prisión y multa de 10 a 100 Unidades de Medida y Actualización a quien utilice vehículos pertenecientes a instituciones de Seguridad Pública o cualquier otro vehículo con balizaje, colores o equipamiento como placas, gafetes, distintivos, escudos, insignias, siglas o uniformes a los que no tenga derecho, que se asemejen a los utilizados por instituciones de Seguridad Pública para dicho fin.
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
Como parte del orden del día, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa del diputado Carlos Evangelista Aniceto para modificar el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para considerar como una falta grave ejercer violencia institucional, como se establece en el artículo 19 de la Ley para el Accesos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.
Esta iniciativa también fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
Finalmente, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa del diputado Adolfo Alatriste Cantú para modificar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como el Código Penal del Estado de Puebla, para aumentar las penas en una mitad de lo estipulado en la legislación cuando el delito de corrupción de menores se cometa por una persona servidora pública, o que un menor con alguna discapacidad o perteneciente a una comunidad indígena, sea reclutado para actividades ilícitas.
La propuesta legislativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, y de la Familia y los Derechos de la Niñez para su estudio y resolución procedente.
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