Alto a la extorsión
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Raymundo Espinoza Hernández, abogado que apoyó en Puebla e Hidalgo contra el gasoducto Tuxpan-Tula, es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

En las próximas elecciones al Poder Judicial, Raymundo Espinoza es de los pocos candidatos que ha acompañado la lucha de los pueblos originarios.  

Durante el fin de semana, Raymundo Espinoza Hernández, el candidato a ministro de la SCJN, regresó a Zoyatla.

Estuvo acompañado de una pequeña comitiva de miembros del Consejo Regional de Pueblos Originarios Puebla-Hidalgo de camino a Ahuacatitla. 

Abogado de pueblos contra el gasoducto en Puebla es candidato a ministro de la SCJN
Grupo de personas. Creditos: Especial

El abogado y candidato a ministro de la SCJN sostuvo que la zona está protegida contra el gasoducto por su apoyo legal. Sus acompañantes y activistas recalcaron que los cerros sagrados y ceremoniales son protegidos por los proyectos de muerte. 

Esta zona es fuente esencial de recarga de agua en parte de la Sierra Norte de Puebla y sus límites con Hidalgo.  

Cabe mencionar que Raymundo Espinoza fungió como el abogado representante de las comunidades otomíes, nahuas y totonacas que lograron suspender la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula.  

Además, logró que la ruta fuera corregida para no afectar también cultivos, bosques, infraestructura, escuelas y centros comunitarios. 

El abogado Raymundo Espinoza aparecerá en la boleta morada de candidatos a la SCJN. Ostentará el número 42 en las elecciones judiciales del próximo 1 de junio del 2025. 

Pelea contra el gasoducto Tuxpan-Tula 

Como CENTRAL informó, en 2018 indígenas otomíes, nahuas y totonacos mantenían una resistencia en Puebla e Hidalgo. De este modo, ganaron la modificación de la ruta del gasoducto Tuxpan-Tula.  

El llamado proyecto de muerte, obra de la empresa TransCanada, buscaba transportar gas natural entre las entidades de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Estado de México. 

Todo a través de un gran tubo de 36 pulgadas de diámetro que amenazaba manantiales, cerros ceremoniales y afectaría a más de 260 mil personas. 

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El proyecto ya estaba por finalizar y debía arrancar operaciones en enero de 2018. Sin embargo, la lucha legal del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo lo evitó. 

Raymundo Espinoza fungió como representante de diversas comunidades en Pahuatlán, Tlacuilotepec, Honey y Tenango de Doria.  

En ese entonces coordinó al Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo para interponer cinco distintos procesos de amparo. 

A través de los asesores legales de la Asamblea Nacional de Abogados Ambientalistas, colaboró contra el proyecto sin cobrar un solo peso.  

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Edmundo Velázquez

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