Un hombre muere dentro del Centro de Rehabilitación “San Benito A.C.” en Izúcar de Matamoros, Puebla. El reporte ocurrió la tarde del domingo 21 de junio en el barrio de San Bernardino, luego de que se reportara el fallecimiento de un interno.
Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del deceso dentro del inmueble que funcionaba como anexo en la calle del Bosque en Izúcar.
De acuerdo con información preliminar, el propio personal de la asociación civil solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia tras percatarse de que el hombre que muere en el centro de rehabilitación San Benito A.C. de Izúcar de Matamoros no presentaba signos vitales.
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Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron la falta de signos vitales en la víctima. Posteriormente, acordonaron la zona exterior del inmueble.
El área quedó resguardada mientras peritos de la Fiscalía de Puebla, se encargaron del levantamiento del cuerpo y de iniciar la carpeta de investigación. Hasta el momento, la identidad de la víctima y las causas exactas de su muerte no están confirmadas.
Anexos en Puebla operan en un vacío legal y normativo
Este trágico incidente en Izúcar de Matamoros no es un hecho aislado, sino que vuelve a poner sobre la mesa el problema de los anexos.
Estos espacios operan como una alternativa ante la crisis de adicciones, sin embargo, la gran mayoría funciona bajo un profundo vacío legal y normativo.
En el estado no existe un censo riguroso ni una regulación estricta por parte de la Secretaría de Salud o la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Muchos de estos lugares operan de manera clandestina o bajo la fachada de asociaciones civiles evadiendo auditorías médicas y de derechos humanos.
El Congreso local mantiene una deuda histórica en la materia. Aunque presentaron iniciativas para reformar la Ley de Salud del Estado y obligar a estos centros a contar con personal médico, psicólogos certificados y protocolos de no violencia, las propuestas suelen quedarse en la congeladora legislativa.
No existeuna norma clara que castigue los ingresos forzados o los tratamientos punitivos, proliferan las denuncias por hacinamiento, desnutrición, tortura psicológica o agresiones físicas severas. Debido a esto ocurren casos extremos como el de este domingo que terminan en fatalidad.
La muerte al interior del Centro de Rehabilitación San Benito A.C. enciende nuevamente las alarmas sobre la urgencia de legislar los anexos. Estos sitios se convirtieron en lugares de tortura y castigo en vez de verdaderos espacios de salud pública o reinserción social.
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