El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla suspendió de manera temporal a los secretarios de acuerdos que intentaron liberar al feminicida de Karla López Albert.
Se trata de la secretaria de Acuerdos de lo Civil y del secretario de Acuerdos de lo Penal del Juzgado Segundo de lo Civil y Penal de Cholula. Los dos estarían relacionados en la maniobra que intentó el juez Enrique Romero Razo para beneficiar a Manuel Forcelledo Nader.
El comunicado se limita a señalar “posibles irregularidades detectadas”. Sin embargo, esta medida cautelar provisional responde a las investigaciones relacionadas con el polémico intento de liberar al feminicida de Karla López Albert.
El escándalo estalló luego de que se revelara que el titular de dicho juzgado, el juez Enrique Romero Razo, solicitó una licencia sin goce de sueldo del 11 al 14 de mayo.
Justo en las fechas en que estaba programada la audiencia de revisión de medidas cautelares del feminicida. Con esta acción, el juez dejó como encargada de despacho a una abogada penal. Facilitando que se autorizara el cambio de medida cautelar para liberar a Forcelledo del penal de San Miguel, evadiendo una responsabilidad directa.
Además de la ausencia planeada del juez, la indignación social y jurídica creció tras confirmarse que la audiencia que pretendía otorgar la libertad al feminicida se realizó de manera irregular, sin el sistema obligatorio de grabación de audio y video. Aunque la intervención oportuna del Consejo de la Judicatura logró revocar la medida e impedir la salida de Forcelledo Nader —quien purga condena por feminicidio, aborto y violación equiparada—, el caso abrió una profunda indagatoria de oficio por parte del Órgano Interno de Control y de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.
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Poder Judicial de Puebla separa temporalmente a secretarios por presuntas irregularidades
De acuerdo con lo informado este día por el Poder Judicial, el Pleno del Consejo determinó separar temporalmente de sus funciones a los secretarios de Acuerdos. Con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de la investigación administrativa, preservar la integridad de los expedientes. Así como asegurar que las diligencias se realicen con plena objetividad.
El procedimiento continúa su curso formal, bajo el argumento de que las responsabilidades administrativas finales se determinarán una vez agotadas las etapas correspondientes. Respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de los involucrados.
Sin embargo, el Consejo de la Judicatura enfatizó que actuará con firmeza ante cualquier conducta que se aparte de los principios de legalidad. Así como imparcialidad y transparencia que rigen la función jurisdiccional.
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