La liberación de Juan Oscar Lezama, presunto asesino intelectual del dueño de Grúas Élite, Julio César Flores García, ocurrió por errores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.
Entre ellos presentó ante el Poder Judicial testimonios sin identidad, irregularidades en las entrevistas recabadas y falta de investigación de campo.
Como PÁGINA NEGRA informó, la liberación fue ordenada por los magistrados del Cuarto Tribunal de Alzada Colegiado del Tribunal Superior de justicia del Poder Judicial de Puebla. Entre ellos Yrina Yanet Sierra Jiménez, Isaí Rivas López y Abelardo Gil Martínez.
Sin embargo, según información a la que tuvo acceso PÁGINA NEGRA, el Tribunal del Alzada tuvo que liberar Juan Oscar Lezama por las irregularidades encontradas.
La reciente resolución del Cuarto Tribunal de Alzada Colegiado responde estrictamente a la falta de rigor legal y constitucional en las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Tribunal de Alzada revoca condena al asesino del dueño de Grúas Élite por fallas de la Fiscalía de Puebla
A través de un análisis técnico, el Tribunal determinó que la condena de primera instancia no podía sostenerse. Ya que se basó en evidencias que no cumplen con los estándares mínimos de fiabilidad y legalidad.
El Tribunal identificó una serie de irregularidades sustanciales que impidieron acreditar la responsabilidad penal del presunto asesino intelectual del dueño de Grúas Élite.
Entre ellas que la sentencia inicial se apoyó en los dichos de dos testigos incorporados solo por lectura. Sin embargo, no se incluyó la identificación oficial de los declarantes.
Además, las entrevistas fueron recabadas por un agente del Ministerio Público distinto al encargado del caso, sin que existiera una justificación legal para dicho relevo.
Los magistrados también plantearon la falta de integridad documental. Los documentos de las entrevistas solo contaban con firmas al calce y no en su integridad, lo que compromete la certeza del contenido.
Además, se detectó una falta de transparencia sobre cómo y de qué forma se obtuvieron dichas declaraciones para incorporarlas a la carpeta de investigación. Uno de los puntos más críticos por los cuales se da la liberación del propietario de Grúas Oscarín es la falta de investigación de campo.
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Aunque los testigos mencionaron que el acusado presuntamente contrató a dos personas –identificados como Jonathan G. y José Manuel R.– para ejecutar el crimen, la Fiscalía nunca investigó este hecho. En la resolución a la que tuvo acceso PÁGINA NEGRA se establece:
No se sabe si los testigos y los supuestos autores materiales se conocían, ni se confirmó la existencia del lugar donde presuntamente ocurrió la negociación. La Fiscalía simplemente no investigó nada al respecto”.
Ante las críticas por la liberación, es importante destacar que el Poder Judicial no tiene entre sus funciones la investigación de los delitos. Por lo tanto, la determinación del Tribunal de Alazada fue valorar si lo presentado por la Fiscalía de Puebla cumple con la ley.
La Sala Superior abordó el estudio de la fiabilidad del testimonio, concluyendo que este no cubrió las exigencias mínimas de calidad en la observación y objetividad.
Por lo que mantener una condena bajo estas condiciones habría representado una violación grave al debido proceso y a los derechos fundamentales.
La decisión final de los magistrados no desconoce la gravedad del delito ni el impacto en las víctimas. Pero plantea que puede ejercerse sobre bases probatorias sólidas y legales, responsabilidad que recae directamente en el ente investigador, en este caso la Fiscalía de Puebla.
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