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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la ratificación de prisión preventiva en contra de Mario Marín Torres y se le negó la prisión domiciliaria. Se determinó que sigue siendo un riesgo para la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Lo anterior quedó estipulado durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, que  se realizó a petición del procesado, en el estado de Quintana Roo.

El ex gobernador príista solicitó la terminación de la prisión preventiva en la que se encuentra sujeto, para continuar su proceso en libertad.

Además, pedía se le impusieran nuevas medidas consistentes en residir en un lugar determinado. Así como, acudir al Juzgado correspondiente de manera periódica para garantizar su presentación al proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.

En la audiencia estuvieron presentes los Ministerios Públicos de la Federación (MPF), la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación de Quintana Roo y de la FEADLE, perteneciente a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH).

Durante la exposición de pruebas se argumentó que el “Gober Precioso” representa un riesgo para la víctima y testigos. Ya que existe un riesgo fundado de fuga y no existe arraigo del imputado en el lugar del proceso.

Además, se señaló que los retrasos en el proceso penal corresponden a actos procesales de la defensa.

Por lo anterior, el Juzgado de Distrito de la FGR a cargo del proceso, determinó la continuación de la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Mario Marín. Por lo que el poblano continuará recluido en el CEFERESO 1 “Altiplano”.

Hace dos años detuvieron al “Gober Precioso”

El ahora acusado fue detenido en el mes de febrero del año 2021, en Acapulco, Guerrero. La FGR recordó que el caso deviene de la acusación realizada por la FEADLE por su presunta responsabilidad en valerse de las instituciones públicas del estado de Puebla que se encontraban bajo su mando y que, como titular del Ejecutivo Estatal de dicha entidad, ordenó la tortura a la periodista como castigo a su libertad de expresión.

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