A 23 años y nueve meses de prisión sentenciaron a un homicida por el asesinato de un hombre ocurrido en el municipio de Palmar de Bravo, Puebla.
Además de los años en la cárcel, a Jesús Alejandro, de 20 años, se le impuso una amonestación pública y la suspensión de sus derechos civiles y políticos
De acuerdo con la carpeta de investigación, durante la tarde del 2 de octubre de 2024 ocurrieron los hechos.
Jesús Alejandro se encontraba a bordo de un tractocamión Kenworth, en el cargadero denominado Grupo Toral, en compañía de la víctima, a quien le disparó en el tórax.
A consecuencia de la herida de bala, el sujeto agredido perdió la vida, y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla comenzó con las indagatorias.
El responsable del asesinato en Palmar de Bravo quedó detenido por agentes investigadores, en posesión del arma de fuego que utilizó en el crimen y terminó a disposición de la autoridad judicial.
Tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, el pasado martes 10 de marzo, la autoridad judicial dictó fallo condenatorio en su contra por el delito de homicidio calificado.
El 18 de marzo, durante la audiencia de individualización de sanciones, se le impuso una pena de 23 años y nueve meses de prisión.
Sentencian a homicida a 35 años de cárcel por crimen ocurrido en 2023 en Puebla
Aldo, de 33 años, quedó sentenciado a 35 años de prisión por un homicidio registrado en 2023, en el municipio de Puebla.
La autoridad ministerial dio a conocer que el crimen tuvo lugar en la colonia Miguel Hidalgo, durante la noche del 12 de marzo.
Hacia las 23:30 horas, la víctima estaba en la calle Aarón Merino Fernández, esquina con Lázaro Cárdenas.
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Varios hombres, entre ellos Aldo, la alcanzaron y la agredieron con puñetazos y patadas, además usaron piedras y blocks, que le causaron la muerte.
La Fiscalía de Puebla comenzó las investigaciones y logró identificar y detener a Aldo como partícipe en el homicidio calificado, y el 10 de marzo de 2026, la autoridad judicial dictó fallo condenatorio.
Durante la audiencia de individualización de sanciones, el órgano jurisdiccional impuso al sentenciado una pena privativa de libertad de 35 años de prisión.
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