El arte popular indígena busca transformar el concepto colonizante de artesanía para dar el nivel y el realce que tiene el arte originario.
-FILAC.
Le debemos a la promotora cultural Luz Valdez, originaria de Irapuato, Guanajuato, que no me parece un dato menor, el haber develado la trama de prácticas de precarización labora, explotación laboral y falta de seguridad social a las artesanas del municipio de Naupan, Sierra Norte de Puebla, por parte de la transnacional Adidas y la firma mexicana Someone Somewhere. Pero también le debemos, creo yo, y seguramente sin ella proponérselo, poner en el foco de la atención las graves omisiones de las instituciones públicas cuyo objetivo hipotéticamente es velar por los derechos de las y los trabajadores, sean estos del medio rural o urbano, pero también de aquellas instituciones que tienen como objetivo la investigación, documentación, protección, revaloración, promoción y difusión, no solo de las manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades, sino de ser garantes de la salvaguardia de su Patrimonio Cultural, sea este material o inmaterial.
En las primeras instituciones, podemos mencionar a la Secretaría del Trabajo federal y su par poblana, Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS Bienestar), Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Unidad Regional Puebla de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas (DGCPIyU) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Tal y como lo ha relatado Luz Valdez en su video de Instagram, se puede mencionar que fueron y son omisas ante este hecho.
También han sido omisas la Secretaría de Arte, la Secretaría de las Mujeres, el Instituto Poblano de Pueblos Indígenas (IPPI) y la inservible y más que mediocre y reducida a la nada Comisión Estatal de Derechos Humanos, y sin lugar a dudas la institución que jugó un papel central para que se diera esta pauperización y explotación de las artesanas fue la Casa de Cultura de Naupan, convertida en una maquila (Luz Valdez, dixit).
Las instituciones culturales, sean federales, estatales o municipales, tiene entre otros, los siguientes objetivos: investigar, documentar, proteger, promover, difundir y salvaguardar, el Patrimonio Cultural, material e inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.
Es en este tramo que vale hacer la siguiente pregunta: ¿Las artesanas que firmaron un contrato de confidencialidad con la empresa Someone Somewhere fueron asesoradas por un abogado y que dicho contrato estuviera también en su lengua originaria, náhuatl?
Y, sobre todo, ¿estuviera apegado al artículo segundo constitucional, apartado A, incisos IV y V y su ley reglamentaria que es la Ley General de Derechos Lingüísticos, partiendo de que las artesanas actuaron de buena fe y que existe una gran distancia social y educativo entre los dueños de la empresa Someone Somewhere y las artesanas, se cae en el supuesto del último párrafo del artículo primero (prohibición de la discriminación), dándose un racismo y clasismo económico? La clásica explotación de la ignorancia. ¿En dónde estaban las instituciones federales y estatales para proteger a las artesanas de Naupan?
Desde mi muy humilde opinión, se violó también la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que es reglamentaria del artículo cuarto constitucional y sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en el territorio nacional.
Es una ley de observancia y obligatoria de los tres órdenes de gobierno. En particular, a reserva de conocer más a fondo la situación, presuntamente se violó la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, cuyo objetivo es protege la propiedad intelectual colectiva y los elementos culturales de los pueblos originarios contra la apropiación y el uso no consentido por parte de terceros y que cualquier uso o comercialización de sus elementos culturales por parte de terceros (como empresas, diseñadores o investigadores) requiere autorización explícita y un acuerdo de retribución económica o moral para la comunidad.
Se requiere una autorización colectiva, no personal de una, dos o tres personas, como frecuentemente pasa, e igualmente falta quitarnos la manía y en no pocos casos la pase y narcisismo, de hablar a su nombre. Los pueblos y comunidades indígenas no son objetos de estudio, son sujetos sociales y políticos, con derechos sociales, económicos, culturales y ambientales (DESCA). Estoy convencido de que falta mucha capacitación a los trabajadores de la cultura acerca de los derechos de los pueblos indígenas, tanto nacionales como los instrumentos internacionales, y poder transmitirlos a las comunidades y tengan elementos para defenderse. En la amorosa Puebla que vivimos, no se ha armonizado la constitución local con la nacional para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Sobre esta situación, las y los que siempre se desgarran las vestiduras supuestamente en defensa de los pueblos originarios, callan como momias (López Obrador, dixit).
En esta trama, no podemos olvidar uno de los artículos presuntamente violados y que es central a la trama, el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo. Desafortunadamente, esta situación se repite en no pocas comunidades de la Sierra Norte de Puebla.
Qué bien que Luz destapó esta situación y que, a partir de ello, pueda existir una amplia y profunda reflexión y análisis colectivos, junto y con las comunidades, sobre su Patrimonio Cultural e Histórico en riesgo y cómo protegerlo e ir más allá de la mera mirada culturalista o folklórica.
Déjenme comentarles que hace ya muchos años, entre 2005 y 2007, desde la Unidad Regional Puebla de Culturas Populares y con el gran y valioso apoyo de la presidencia municipal de Naupan, conseguido por el compañero Anacleto Juárez, promotor cultural de la comunidad, llevamos a cabo el Encuentro de Médicos Tradicionales. Al terminar el encuentro se plantearon dos proyectos. La creación de un Museo Vivo de las Artesanas y las artesanías y un Jardín Botánico y Medicinal, proyectos que se le plantearon a la Directora General de Culturas Populares, quien aceptó de muy buen agrado, a la Secretaría de Cultura de Puebla.
Los proyectos contaban con el respaldo y apoyo del presidente municipal de Naupan de aquellos años.
Ambas propuestas quedaron truncas por la actitud mezquina, cizañosa y envidiosa del exsecretario de Cultura, Alejandro Montiel. Así fue el sexenio del “Gober Precioso”, Mario Marín Torres, en el ámbito cultural.
MANTENTE AL DÍA CON TODO LO ÚLTIMO EN NUESTRO CANAL DE TELEGRAM
