El pasado viernes 15 de julio fue un día muy importante en Puebla, el Congreso del Estado votó a favor de la Ley de Violencia Vicaria, una ley que reconoce la violencia vicaria como un tipo de violencia que se perpetra contra las mujeres a través de sus hijos.
Un tipo de violencia que seguramente miles de poblanas viven y que ni siquiera saben reconocer, porque el término es más bien reciente y porque no se ha socializado lo suficiente.
Sin embargo, esta iniciativa que emana de la lucha de mujeres sobrevivientes y víctimas de violencia vicaria, como CamCai y el Frente Nacional contra Violencia Vicaria, encontraron eco en dos diputadas con conciencia de género, las Diputadas Mónica Silva y Aurora Sierra, quienes decidieron impulsarla hasta el final y gracias a ese trabajo coordinado, hoy en Puebla, la violencia vicaria ya es reconocida como una forma de violencia contra las mujeres y puede ser sancionada como tal.
Pero esta problemática no se solucionará solo con la creación de esta ley. La problemática es aguda, porque se gesta en el seno de una cultura machista, y un sistema de procuración de justicia corrupto y patriarcal. ¿A qué me refiero con esto?
A que en prácticamente todos los casos de violencia vicaria, los hijos le fueron sustraídos a la madre, les fueron arrebatados injustamente, sus padres (violentadores y agresores) “ganan” las guardas- custodias y las patrias potestad, a la mala, comprando abogados, comprando jueces y comprando “justicia”.
Evidentemente la Ley de Violencia Vicaria es un primer gran e importante paso en su combate y sanción, sin embargo es necesario que el Estado asuma la responsabilidad que le toca para abatir esta terrible forma de violencia que incluso atenta contra el interés superior de la niñez.
Por ello es necesario que se capacite con perspectiva de género a sus ministerios públicos, ministeriales, y fiscales. Que el poder judicial emprenda una revisión exhaustiva del actuar de los jueces especializados en materia familiar y que les exija una formación y actualización con perspectiva de género. Que existan unidades de control interno que vigilen su actuar en estos casos.
Porque la violencia vicaria sería difícil de perpetrarse sino se contara con la complicidad de quienes se supone, deben impartir JUSTICIA. Y justicia no es que niñas y niños vivan con sus padres violentadores con tal de “ganarle” jurídicamente a la mamá y violentarla. Justicia no es enviar a una víctima de violencia vicaria a la cárcel 10 horas por no presentar a su hijo a una convivencia obligada por ley ya que el niño tenía exámenes en la escuela, como lo fue el caso de Luz Arredondo, madre víctima de violencia vicaria y representante del Frente Nacional contra Violencia Vicaria en Puebla.
Por ello es necesario que este primer gran pasó que se dio, vaya acompañado y con un seguimiento permanente de acciones, para modificar la ley, capacitar, vigilar y sancionar a quienes debiendo procurar justicia, son cómplices de los agresores y arruinan vidas a mujeres, niñas y niños por una módica cantidad de dinero. Estoy convencida que las valientes mujeres, sobrevivientes de este tipo de violencia, seguirán en esta lucha hasta recuperar a sus hijas e hijos, pero a nosotros nos corresponde, respetar y acompañar solidariamente su lucha, y sumarnos permanentemente a sus exigencias frente a las autoridades.
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