¿Proceso amañado para el contrato de cámaras de vigilancia en transporte público?

Uno de los contratos más jugosos y codiciados, que dará en próximas fechas el gobierno del estado, es el de las cámaras de videovigilancia para unidades del transporte público, taxis, Uber y Didi.

Por supuesto, son millones de pesos los que están en juego y varios empresarios saben que es una mina de oro. Todos lo saben, hasta el secretario de Administración, Jesús Ramírez. Por eso, quiere al mejor postor, pero al que le pueda dar una gran tajada por el negocio.

El problema es que si el gobierno del estado, y en este caso, la Secretaría de Administración no elige bien al proveedor, habrá una crisis social. No quiero ni pensar el desmadre que se armará si esos equipos no funcionan.

Los transportistas ya no la perdonarán, ya no la pasarán una segunda vez, sobre todo porque ya perdieron dinero cuando Guillermo Aréchiga los hizo comprar las cámaras de seguridad que según les tenía que dar el gobierno del estado.

Pero el éxito o fracaso del programa está en la lista de empresas que participan. Yo diría que son de dudosos resultados o en su caso, arrastran hechos de corrupción.

Por ejemplo, una que destaca dentro de las inscritas es LTP Global Software que pertenece al secretario General de Gobierno del EdoMex, Luis Felipe Puente.

Incluso, la Secretaría de la Defensa Nacional le ha dado múltiples contratos, y la Secretaría de Marina pretende darle uno más por 10 mil millones de pesos para equipar las aduanas marítimas.

La otra empresa es Secure Witness de México, del empresario Deniss Stevens, que incluso tiene una investigación abierta en la Alcaldía Miguel Hidalgo precisamente por recibir un contrato de 22 millones de pesos, para la instalación de cámaras de videovigilancia y que al parecer dicho concurso fue amañado.

La otra empresa es Axtel, que todo indica que está en quiebra. Incluso, Grupo Alfa ya no le quiere invertir y pareciera que, si se queda con este contrato, la firma tendría un respiro. Aquí valdría la pena hacer una acotación porque hay un Junior interesado y es nada más y nada menos que el hijo de Porfirio Muñoz Ledo.

La empresa Lumo, que ahora se llama Green, es otra que está interesada en el contrato y una de las favoritas. La razón es porque fue la que ganó uno de los contratos para que el gobierno del estado arrendara las patrullas que ahora circulan por toda la entidad.

Este contrato fue por ahí de los mil 324 millones de pesos y ahora busca el de videovigilancia para el transporte público, pero en esta ocasión va acompañada de Jomtel. Lo malo, según algunos amigos policías de la Estatal, es que muchas patrullas carecen de la Interconectividad al C5.

Y finalmente, está Casanova Vallejo, que a pese estar inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, el gobierno de Miguel Barbosa ya le había dado un contrato también para la adquisición de 100 patrullas. La cifra fue de mil 171 millones de pesos.

Como pueden ver, estas empresas de cierta forma tienen nexos o padrinos poderosos para ganar la licitación. Veremos quién de ellos endulza mejor el oído y esperemos que no se les haga bolas el engrudo, porque de no cumplir, ahora sí se armará una broncota.

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Yonadab Cabrera Cruz

Yonadab Cabrera Cruz

Inició como reportero en 2007 y ha cubierto temas políticos, de medio ambiente así como sociales. Cuenta con dos maestrías: la primera de ellas en Mercadotecnia y Publicidad y la segunda en Desarrollo...