No podemos decirnos sorprendidos por cómo se resolvió el feminicidio de Cecilia Monzón, hubieron muchas señales que nos negamos a ver en el caso de Javier López Zavala, el presunto responsable del crimen.
Y aún, cuando lo detuvieron, varios se dijeron extrañados de que haya sido capaz de matar a la madre de su hijo.
Nos culpó a nosotros, a los medios de comunicación y al círculo rojo que arropó a López Zavala como uno de los mejores “operadores electorales” en Puebla, pese a su historial de violencia machista.
Nos culpó porque desde 2010, tras perder la elección a la gubernatura, fue acusado de golpear a su exesposa, Leiticia, solo algunos medios lo difundieron y para los políticos esta acción de violencia fue minimizada como un caso de la vida privada.
Leticia, su entonces esposa y madre de sos hijos, denunció ficialmente a López Zavala, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) lo dejó pasar impune.
Le siguieron abriendo las puertas a cualquier partido, se trataba de un operador connotado.
En el 2016, Zavala intentó divorciarse y en la negociación se negó entregar la pensión alimenticia para sus hijos.
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El cabrón quería que se vendiera la casa donde vivía, le entregaran la mitad del costo en efectivo y conservaran la otra mitad como “pensión vitalicia”.
Un año después, se negó a hacerse responsable del hijo que había procreado con la activista y abogada, Cecilia Monzón quien, hasta el último día peleó en su contra por la pensión alimenticia de su hijo.
En 2021, la segunda esposa de López Zavala, Evainet, publicó un video en redes para acusarlo de violencia familiar y hasta dijo que temía por su vida.
No lo vimos, no lo difundimos, nadie fue a buscar a López Zavala para preguntarle. Si lo entrevistaban el tema era la operación política, no la violencia contra sus parejas.
Su reputación del mapache electoral que llevó al triunfo a Mario Marín, cubría siempre cualquier acusación “personal” en su contra, en público y en privado.
Hoy los deudores alimenticios no pueden ser, por ley, candidatos a un cargo de elección popular. Tampoco quienes tengan una sentencia firme de cualquier tipo de violencia contra la mujer.
Los violentadores de mujeres no pueden ni deben ostentar cargos de poder, primero porque llevan su misoginia a su trabajo como representantes del pueblo y porque, además, usan esa posición de poder para ejercer más violencia contra su víctima.
No deben ser arropados en círculos políticos ni sus acciones minimizadas por la prensa.
Sobre López Zavala, antes de la reputación política siempre debió estar el mote de violentador de mujeres.
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