Lo que estamos presenciando es inédito. Nunca antes una crisis de corrupción criminal se extendió hacia tantos tentáculos y de semejante magnitud.
Se asegura que son 200 órdenes de aprehensión por ejecutar y 500 las empresas investigadas por su participación en la cadena del huachicol fiscal.
La corrupción de ese tramado llega a la antesala de la Secretaría de Marina a través de altos oficiales, los hermanos Farías Laguna, sobrinos de Rafael Ojeda Durán, extitular de la dependencia.
La descomposición también arrasó en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), órgano que sustituyó al CISEN, el cerebro de la información política y criminal que recibe el gobierno federal.
La pudrición del CNI ocurrió a través de su titular Audomaro Martínez Zapata, otro tabasqueño que gozó de la confianza absoluta del expresidente López Obrador. El exfuncionario hacía maniobras a través de empresas creadas por su esposa, hijo y su operadora Elisa Aguilar, tal como lo reveló la periodista Peniley Ramírez.
Audomaro no era el jefe de seguridad de AMLO como apuntan algunas notas. Era el responsable del órgano de inteligencia.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el equivalente del FBI estadounidense y su extitular operó directamente en la trama del huachicol fiscal.
El asunto llega a tal grado que en plena ceremonia del 16 de septiembre el Secretario Almirante Raymundo Pedro Morales apuntó: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. El mal tuvo un fin determinante, en la Marina no encontró lugar ni abrigo… Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación”.
Un Mea Culpa expresado en la Plaza de la Constitución durante una de las ceremonias torales del país.
Por otro lado, los nexos con la dinastía tabasqueña son un elemento que añade dramatismo.
Los enjuagues del huachicol fiscal llegan hasta el operador financiero, Jorge Amilcar Olan Aparicio, considerado un prestanombres de los hermanos López Beltrán, el llamado “Clan”.
De hecho, estamos presenciando la demolición de un sexenio.
Las sanciones que se dictaron desde Washington contra financieras mexicanas como Casa de Bolsa Vector propiedad de Alfonso Romo, otro asesor presidencial; el formal proceso contra Hernán Bermúdez Requena, brazo derecho de Adán Augusto López; la persecución del huachicol fiscal que alcanza a Audomaro Martínez, responsable de la inteligencia de AMLO y a altos oficiales de la Marina, debe leerse como la demolición de un sexenio.
Están tirando ladrillo por ladrillo; derrumbando el mito de la honestidad y la austeridad.
Estamos ante una maquinaria, una aplanadora en la que confluyen dos factores; uno externo y otro interno.
En el factor externo encontramos la evidente intención de Washington por menguar la influencia de López Obrador a quien consideran un vecino incómodo por su alianza con el eje La Habana-Caracas-Moscú-Beijing-Teherán.
Un verdadero agravio para el ‘stablishment´ estadounidense.
El otro flanco es interno.
Estamos presenciando la construcción del proyecto García Harfuch, quien desde este momento se posiciona como el viable aspirante a la sucesión en 2030.
Un policía político o un aspirante político que cimienta sus intenciones en un trabajo policiaco.
Así, como Nayib Bukele, pero en versión mexicana.
Nadie en el gabinete tiene la presencia y la fuerza del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Hasta hace unas semanas, entre la cúpula de las fuerzas armadas circulaba una corriente que exigía acotar, reducir la influencia de García Harfuch en la estrategia de seguridad.
Hoy el policía del régimen tiene prácticamente maniatados a los protagonistas que pretendían menguarlo.
Es el titular de Seguridad más poderoso de las últimas décadas y se está abriendo paso con una tonelada de carpetas de investigación contra aquellos que buscaron sacarlo de la escena.
Una versión de radio pasillo asegura que existen profundas diferencias entre “Andy” López Beltrán y Omar García Harfuch.
En caso de confirmarse ese murmullo los resultados no tardarán en verse.
Aunque los hijos del exmandatario tengan la protección de la presidenta Claudia Sheinbaum, ese manto no alcanza a cobijar a Jorge Amilcar Olan Aparicio, el operador financiero y prestanombres del “clan”.
El hombre que conoce todas las maniobras, negocios y los números de cuenta de los vástagos.
Bastaría iniciar un formal proceso penal contra Amilcar para que la cofradía caiga en un efecto dominó.
Estaremos atentos.
Como siempre quedo a sus órdenes.
X @CupulaPuebla
cupula99@yahoo.com
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