Hay decisiones que no son errores.
Son maniobras o coreografías que se quieren hacer pasar como errores.
El pasado 12 de mayo, en el Juzgado Civil que actualmente dirige Enrique Romero Razo estuvo a punto de consumarse lo que la familia de Karla López Albert ha temido durante doce años, que Manuel Forcelledo Nader, el primer feminicida sentenciado en Puebla cruzara la puerta de la prisión como hombre libre.
No la cruzó, pero no porque el sistema funcionara. Tanto en centros penitenciarios del estado como en el Consejo de la Judicatura se encendieron las alarmas y se intervino a tiempo.
Vamos por partes.
El caso de Karla López Albert fue emblemático por ser el primer feminicidio en Puebla.
Manuel Forcelledo Nader fue sentenciado en 2021 a 76 años de prisión —70 efectivos por el tope que marca el Código Penal del estado— por el feminicidio de Karla López Albert, ocurrido el 30 de enero de 2014.
Karla tenía 31 años y cinco meses de embarazo cuando Manuel Forcelledo Nader la citó en el salón de fiestas propiedad de su familia, sobre la lateral de la Recta a Cholula.
Ahí, con la ayuda de “El Moy” y “El Roko” —exescoltas de Enrique Agüera a los que pagó siete mil pesos por cabeza—, la golpeó, la estranguló con un trozo de rafia y la metió en la cajuela de su propio auto. Después abandonaron el cuerpo en Tláhuac.
Doce años después, alguien dentro del Poder Judicial estuvo a una firma de devolverle su vida en la calle. A pesar de la sentencia, insisto.
El juez Enrique Romero Razo, actual titular del Juzgado Segundo de lo Civil y antes responsable del Juzgado de lo Penal del distrito judicial de Cholula, pidió licencia sin goce de sueldo del 11 al 14 de mayo.
¿Casualidad?
No. El 12 de mayo estaba programada la audiencia de revisión de medida cautelar dentro del proceso 109/2014, el de Manuel Forcelledo Nader.
Antes de “ausentarse”, Enrique Romero Razo habilitó como encargada de despacho a la abogada Angélica Rodríguez Zamora.
Ella firmó.
Ella autorizó cambiar la prisión preventiva por una firma periódica.
La consecuencia jurídica de esa firma era una sola: que el feminicida saliera del Cereso a presentarse cada determinado tiempo. A lo mucho usando una medida cautelar de brazalete con geolocalizador. Es decir, libre.
Rodríguez Zamora no cuenta con habilitación de la Secretaría del Pleno del Consejo de la Judicatura para ejercer funciones de jueza.
Sin esa habilitación, su firma carece de validez legal y su actuación podría incluso configurar un delito.
La secretaria de Acuerdos que firmó como responsable de la diligencia es de materia civil; no sabe de penal. La pusieron ahí precisamente porque argumentaría que no sabía de penal. Y que, increíblemente, no tendría contexto del caso más sonado de feminicidio en Puebla, precisamente, el primero.
Y el detalle que cierra el cuadro: la audiencia se realizó sin grabación de audio ni video. El Código Nacional de Procedimientos Penales no deja lugar a interpretación: las audiencias deben respetar los principios de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y registro. Sin video y sin audio no hay constancia, no hay control, no hay nada que revisar después. Convenientísimo.
Aquí viene la parte que duele: el juez Enrique Romero Razo es el mismo que en mayo de 2021, después de siete años de amparos y litigios, sentenció a Forcelledo Nader a 76 años de prisión. El mismo que se llevó la foto histórica del cierre parcial del caso. El mismo que ahora, cuatro años después, intentó deshacer su propio fallo por la puerta de atrás.
Romero Razo pertenece al círculo conocido como “La Vieja Guardia”: jueces que durante décadas se sostuvieron en sus puestos a base de maniobras, omisiones calculadas y favores que no se cobran con dinero. Permisivos con quienes le encargaba la élite e implacables con quien apenas podía defenderse.
El mismo juez aparece, además, en otro expediente de irregularidades relacionado con el Club Puebla.
El Consejo de la Judicatura se enteró a tiempo y ya investigan. Se revocó la medida. Fuentes del sistema penitenciario confirmaron, y existen imágenes que lo prueban, que Forcelledo Nader sigue dentro del Cereso después del 12 de mayo.
Esa es la buena noticia.
La mala es todo lo demás: que un juez fingió ausentarse para que otra persona —sin facultades— firmara una resolución a oscuras, sin cámaras, en el caso emblema del feminicidio en Puebla. Si lo intentó con éste, ¿qué no habrá hecho ya con expedientes que no traen reflectores encima?
Y ya que estamos preguntando: ¿Va a haber sanción para Romero Razo o el Consejo de la Judicatura va a dejar que esto se diluya en el chisme de pasillo?
¿Quién pidió la revisión de medida cautelar, con qué argumentos jurídicos, y cómo aterrizó en la agenda exactamente en los días en que el juez “no estaba”?
¿Cuántos jueces más en Puebla están operando bajo el mismo esquema —pedir licencia, habilitar a alguien sin facultades, apagar las cámaras— y firmando lo que no se debe firmar?
Doce años después de aquel 30 de enero, Rodrigo Augusto Solís Cano “El Roko” y Moisés Cordero Hernández “El Moy” siguen sin sentencia. El único que sí la tiene estuvo a una firma de irse a su casa. Y a Carlos López y Esperanza Albert, los padres de Karla, les vuelven a pedir paciencia.
Doña “Perita”, como la conocen sus cercanos, tiene ya casi 80 años, no se le avisó para nada del último movimiento que estuvo a punto de arrebatarle la poca justicia que ha tenido.
Ha llevado doce años de paciencia.
Y parece que aún requerirá de más…
Nota al calce: En menos de una hora después de que ayer publicamos la triquiñuela del movimiento para sacar a Manuel Forcelledo Nader, el juez Enrique Romero Razo se apersonó en la oficina de CENTRAL y dejó su carta aclaratoria que ya tenía bien ensayada. Acá dejamos el link donde puede leerse, porque, seguramente, querrá entregar otra carta aclaratoria ahora por esta columna.
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