Hace mucho tiempo que Puebla comenzó a tener historias que son verdaderas tragedias, matanzas y crímenes de alto impacto.
Desafortunadamente, no es algo nuevo. Hace tiempo que la nota principal en la nota roja dejó de ser los accidentes y atropellados.
Y, en los últimos 20 años, al menos, hemos tenido todo tipo de personajes al frente de la entonces Procuraduría General de Justicia de Puebla y la hoy Fiscalía General del Estado.
Héctor Maldonado Villagómez, al final de la administración de Melquiades Morales, era distante y hasta parco, pero resolvía. Blanca Laura Villeda Martínez fue polémica, pero controló incluso a un Adolfo Karam, que amenazaba con quitarle el trabajo. Enfrentó el escándalo de Lydia Cacho y pudo retomar su trabajo como jueza.
Víctor Carrancá se sometió al puño de hierro de Moreno Valle y le tocó una modernización forzosa del esquema de la Procuraduría a Fiscalía, y el nuevo sistema de justica, como parte de los operadores necesarios. Y Gilberto Higuera Bernal soportó los embates de cinco gobernadores en siete años, logró congeniar incluso con personajes tan disímbolos como Tony Gali o Miguel Barbosa.
Y ahora… Idamis Pastor lleva un año en la silla de fiscal. Y ya se nos hizo eterno. Pero, más allá en su estilo de administrar una institución, me voy a referir al estilo en comunicar. O su carencia de estilo en comunicar. Algo grave para el puesto en el que se desempeña.
¿Porqué? Porque un vacío de comunicación en una dependencia como la Fiscalía General del Estado en Puebla no es un simple descuido administrativo.
Es, técnicamente hablando, una abdicación del control narrativo y también a dejar por la vía libre la imagen y el destino de la institución.
Después del evidente escándalo de una red de extorsionadores en puntos clave de la dependencia y señalamientos de nexos con el crimen organizado de algunos de estos funcionarios, provenientes del Estado de México, la Fiscalía de Puebla, en manos de Idamis Pastor, se debilita cada vez más y es notoria la pulverización de su liderazgo.
Día con día, caso a caso y proceso por proceso, vemos cómo va en picada la legitimidad de la institución.
Ejemplos hemos tenido a montones, recientemente, con los casos que simplemente no termina de comunicar eficazmente como logros de investigación de los funcionarios de la Fiscalía.
Por el contrario, ha perdido el control de la narrativa, incluso ante los bulos de medios de comunicación que solo pelean por el clic bait, en medio de verdaderas tragedias que han sacudido a los poblanos.
En el ámbito de la gestión pública y la teoría de la comunicación institucional, el silencio nunca es neutral.
Cuando una institución encargada de la procuración de justicia calla, lo que está comunicando, en realidad, es incapacidad, opacidad o desconexión.
En la teoría económica de la información, una Fiscalía posee el monopolio de los datos sobre la investigación criminal. Cuando este flujo se corta, se crea una asimetría informativa extrema.
Como consecuencia, el ciudadano no tiene acceso a la verdad técnica. Por lo que su percepción de la justicia se basa únicamente en el rumor, el sesgo mediático o la narrativa de las partes interesadas.
Por eso pasan casos tan lamentables como la criminalización de los jóvenes del caso Sala de Despecho, la exposición de identidades, datos personales y actitudes de algunos comunicadores que rosan en la ilegalidad.
El resultado es que la Fiscalía de Puebla pierde su licencia social para operar.
Sin comunicación, la sociedad deja de percibir a la Fiscalía como un ente que “hace justicia” y comienza a verla como un ente que “oculta hechos”.
Lo peor. El ciudadano no ubica que la Fiscalía de Puebla es un órgano independiente y desconcentrado del gobierno. Así que los errores de Idamis Pastor son, por consiguiente, para el ciudadano promedio, un error del gobernador Alejandro Armenta. Los casos malogrados, los errores en la comunicación, la insensibilidad de la funcionaria estará conectada, desafortunadamente, a un estilo de gobernar. Ahí la gravedad del asunto.
Cuando la Fiscalía no llena el espacio con información oficial, veraz y oportuna, ese espacio será ocupado inevitablemente por actores externos.
Llámese medios, redes sociales, políticos, o incluso grupos criminales.
El efecto es que no captura de la narrativa. Y la institución pierde la capacidad de establecer los hechos. Una vez que la opinión pública ha construido una narrativa basada en el vacío, es casi imposible revertirla con datos posteriores. Así como ocurrió cuando evidentemente, una mujer con la verdad en la mano y la valentía necesaria, como la señora Sissy García, salió a defender a su hijo que fue criminalizado tras ser víctima de un cruento ataque.
La Fiscalía pasa de ser el emisor principal a ser un espectador reactivo que intenta, infructuosamente, desmentir una realidad que ya se consolidó en la mente colectiva. Pasa a ser un ente que filtra y desinforma y que criminaliza y culpa a inocentes.
A esto se suma la carencia de contundencia en la exposición de sus avances. Técnicamente, la impunidad no es solo la falta de sentencia; es la percepción de que no hay consecuencias. Si la Fiscalía no informa de manera oportuna avances, entramos en un círculo vicioso.
A menudo, los fiscales asumen que “hablar es peligroso” o que “el trabajo se mide solo en expedientes”. O que dar datos sensibles podría ser negativo para la investigación.
La realidad técnica es que una investigación que se inició y avanza sin que nadie sepa al respecto es, para efectos sociales, un expediente que no existió. Una investigación que no se hizo. Impunidad.
El silencio comunica que el sistema está detenido, lo cual fomenta la desconfianza y, en casos extremos, incentiva la comisión de delitos al asumir que la autoridad es invisible o inactiva.
Si una institución como la Fiscalía de Puebla no comunica y deja que, en una o dos semanas, se especule, se enfrentará a una bola de nieve incapaz de parar. Y el ciudadano se habrá hecho ya una idea errónea.
Porque el vacío de comunicación no solo afecta al exterior.
Hacia adentro de la institución, la falta de una política de comunicación clara desmoraliza a los servidores públicos que sí están trabajando.
Como consecuencia, se genera una desconexión entre la operatividad técnica y la función pública.
MANTENTE AL DÍA CON TODO LO ÚLTIMO EN NUESTRO CANAL DE TELEGRAM
Te puede interesar:
