La organización Save the Children consideró que el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, pudieron haber cometido el delito de trata de personas luego de haber “adoptado” por un fin de semana a un menor de edad con discapacidad, bajo el argumento de un permiso de convivencia.
A través de sus redes sociales, la ONG detalló que el menor fue expuesto al usar su imagen con fines políticos y mercantiles, ya que Mariana Rodríguez publicó en su cuenta de Instagram una serie fotografías y videos en los que aparece cuidando al bebé.
Además, el organismo manifestó que el niño fue víctima de diversas violaciones a sus derechos como: el derecho a la vida privada, derecho a la identidad y derechos relacionados con la aplicación del interés superior establecido en la Constitución.
Save the Children recordó que el 15 de enero Samuel García y Mariana Rodríguez solicitaron un permiso de convivencia familiar por un fin de semana con un bebé del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de las Familias (DIF) Capullos, sin tener ningún vínculo con el menor.
Por lo anterior, señaló que la situación refleja las graves carencias de los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes, por lo
que destacó la importancia de que se adopten las medidas necesarias para el óptimo funcionamiento de éstos.
Asimismo, exhortó a que el caso sea investigado con la participación de las autoridades federales, “dada la concurrencia que existe en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
“Hacemos un llamado al Gobierno y a la sociedad en México a cuestionarnos cómo tratamos a niñas y niños: ¿Estamos pensando en qué es lo mejor para ellas y ellos o perjudicándoles y violando sus derechos más fundamentales? ¿Qué buscaba una acción como esta? ¿Es esto lo que necesita un niño? ¿Ser expuesto en redes sociales y medios de comunicación? ¿Por qué pensamos que está bien?”, agregó.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Nuevo León anunció el día de ayer una queja por la decisión del Gobernador de la entidad y su esposa de “adoptar” al menor.
En un comunicado, el organismo indicó que solicitó a la dependencia estatal “adoptar medidas pertinentes, tendentes a garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales de los menores de edad que se encuentran en guardia y custodia del DIF”.
La Comisión estatal también solicitó que se implementen los mecanismos pertinentes para que todas las áreas a su cargo cumplan con la protección de la imagen, privacidad e intimidad de los menores, esto con el fin de prevenir posibles violaciones a derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
Y pidió que se vigilen los procedimientos y formas de intervención de las personas servidoras públicas que atienden a niñas, niños y adolescentes, específicamente la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, invariablemente observen el marco legal aplicable.
“La CEDHNL emitió un exhorto al DIF, derivado de la difusión de imágenes y videos de menores de edad que se encuentran ingresados y/o en acogimiento residencial. El escrito, dirigido al Director del DIF, Miguel Ángel Sánchez Rivera, señala que el interés superior de las niñez debe ser prioridad para las instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos”, añadió.
Finalmente, la CEDH de Nuevo León subrayó que se debería adoptar un Programa de Capacitación para las personas servidoras públicas que laboran directamente en espacios donde son atendidos los menores de edad, sobre el respeto a los derechos humanos.
Mariana Rodríguez y Samuel García compartieron el fin de semana, a través de las historias de Instagram, fotografías y videos del bebé. Una imagen en específico mostró a la titular de “Amar a Nuevo León” cargando al menor de edad llamado “Emilio”, mientras el Gobernador posaba parado junto a ellos.
La publicación de los materiales fue motivo para que ambos fueran criticados en redes sociales, espacio en el que se consideró que la pareja sólo busca hacer propaganda política con dicho acto.
Al darse a conocer los hechos, la organización Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) cuestionó la decisión de García y de Rodríguez “sin importar que detrás de estos sucesos pudiera haber una aparente motivación humanitaria, es fundamental recordar que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y que es obligación del Estado, y de sus representantes, velar por estos derechos en primer término”.
Redim mostró su “profunda preocupación” debido a “la exposición excesiva e innecesaria de este niño, si en efecto hay un interés legítimo por su vida y por su futuro”.
Y recordó que la Ley general de derechos de niñas y niños prohíbe en sus artículos 68 y 80 la difusión de imágenes de niñez y se llama la atención en especial cuando son víctimas. Este bebé está bajo responsabilidad jurídica del DIF local y precisamente por ello no puede ser expuesto de ninguna forma, pues se le revictimiza.
La organización hizo también un respetuoso llamado al Gobernador y a Mariana Rodríguez para actuar “por la no cosificación de este niño, ni de ningún otro y otra”. “Toda acción en favor de la niñez es necesaria desde el poder público, pero ello debe manifestarse como una acción de Estado, que garantice sus derechos, a través de políticas públicas con enfoque de derechos de infancia, articuladas con base en la Ley y a través de sistemas de protección como el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), para que el compromiso con la niñez tenga un verdadero efecto en la dignidad de sus vidas”.
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