A partir de 2025, la Clave Única de Registro de Población (CURP) será biométrico y obligatorio para la población en México.
Este documento personal es esencial para todos los ciudadanos mexicanos, sin importar su edad. Debido a que es un documento oficial necesario para realizar trámites. Tales como inscripciones escolares y solicitudes de becas en el país.
El CURP biométrico surgió de una iniciativa propuesta en 2021 por miembros del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en México. En 2023, las senadoras Olga Sánchez Cordero y Mónica Fernández Balboa revivieron el proyecto, que ha sido denominado “CURP con foto”.
La finalidad de esta medida es que el Estado cuente con información detallada de sus ciudadanos, incluyendo huellas digitales y patrones del iris ocular. Con el objetivo de prevenir el robo y suplantación de identidad.
A partir de 2025, la obtención del CURP biométrico será obligatorio en México. Para conseguirlo, los interesados deberán acudir a las oficinas autorizadas del Registro Civil y presentar los siguientes documentos:
- Acta de nacimiento certificada
- Copia de la credencial del INE
- Copia del CURP vigente
Además, los solicitantes tendrán que someterse a una serie de procedimientos. Dicho proceso incluye la toma de una fotografía facial, imágenes de los iris de los ojos, registro de las diez huellas dactilares y proporcionar una firma.
El CURP biométrico podría facilitar la vigilancia de la población
La CURP es un instrumento que permite el registro individual de todas las personas en México, incluyendo a nacionales como a residentes extranjeros.
Asimismo, la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de la Población (Renapo), subraya su relevancia para facilitar la identificación y el acceso a diversos servicios.
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Sin embargo, la introducción del CURP biométrico en México ha suscitado críticas por parte de organizaciones sociales, como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Estas organizaciones argumentan que esta medida podría facilitar la vigilancia masiva y limitar el acceso a servicios públicos. Lo que plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y los derechos de los ciudadanos.
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