La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la Ley General contra Feminicidios, que busca prevenir, sancionar y reparar el daño por este delito, y que contempla penas de hasta 70 años.
Durante la “Mañanera del Pueblo”, explicó que la propuesta busca que la justicia no dependa del estado donde ocurra el crimen.
Además, con esta iniciativa el Gobierno de México pretende unificar criterios en todo el país para investigar los asesinatos violentos de mujeres.
La nueva legislación consta de ocho títulos y 52 artículos. Asimismo, endurece los castigos al establecer penas de 40 a 70 años de prisión. También contempla sanciones para la tentativa de feminicidio, con penas de hasta 46.6 años de cárcel.
Por otro lado, la propuesta de la FGR detalla escenarios que aumentarán la condena hasta en una mitad. Entre ellos, si la víctima es niña, adolescente, adulta mayor o vive con discapacidad.
Asimismo, considera agravantes si se trata de periodistas, defensoras de derechos humanos o migrantes. Esto también aplica si el agresor es servidor público o si existió saña, como ataques con ácido.
De igual forma, la ley establece nueve razones de género para clasificar el delito, como violencia sexual o antecedentes de violencia familiar.
En ese sentido, también incluye estereotipos, contextos de poder y relaciones asimétricas. Además, la iniciativa plantea cambios en la procuración de justicia para combatir la impunidad.
Por lo tanto, las Fiscalías deberán investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio. Esto incluye suicidios y accidentes de tránsito cuando existan indicios de violencia de género.
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Ley General contra feminicidios incluye Ley Monzón a nivel nacional
Esta normativa, impulsada y aprobada en Puebla en marzo de 2023, tiene como antecedente el asesinato de la activista Cecilia Monzón.
La iniciativa busca proteger a las infancias de los agresores. Pues los presuntos feminicidas perderán de forma automática la patria potestad, guarda y custodia de sus hijos tras el crimen.
Por ello, los presuntos feminicidas perderán automáticamente la patria potestad, guarda y custodia de sus hijos.
De igual forma, también perderán derechos sucesorios y quedarán inhabilitados para ocupar cargos públicos.
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