Vecinos de Cuautlancingo se manifestaron ante el cierre del centro comunitario. En donde madres de familia, personas de la tercera edad y jóvenes acudían a clases de zumba, aerobics, karate y yoga.
Este día los vecinos se quejaron porque el presidente municipal Filomeno Sarmiento Torres eliminó los apoyos con los que se mantenía este centro comunitario y prefirió cerrar.
Son varios los Centros Comunitarios de Prevención y Participación Ciudadana en Puebla que desde el 2019 cerraron sus puertas al público por falta de fondos. Algunos de ellos fueron retomados por las nuevas administraciones municipales.
Estos espacios se idearon para generar actividades deportivas y culturales en municipios como Tehuacán, Amozoc, San Andrés Cholula, Atlixco, Izúcar De Matamoros. También en Libres, Zacatlán, Acatlán, Huauchinango, Puebla, Tecamachalco, Yehualtepec, San Martín Texmelucan, Chalchicomula De Sesma
Sin embargo, hace un par de semanas avisaron que el centro comunitario de Cuautlancingo seria cerrado.
Hoy un grupo de mujeres, quienes son en su mayoría asisten a tomar clases, se manifestaron y decidieron acudir a la presidencia municipal para buscar a Filomeno Sarmiento.
El alcalde se ha negado a recibirlas y darles alguna explicación sobre qué ocurre con el centro comunitario.
Hace dos semanas nos avisaron que lo iban a cerrar, que lo van a demoler para construir un DIF, pero para qué quieren aquí un DIF, junto hay otros terrenos, que ocupen alguno de esos”, explicó una de las inconformes durante la manifestación.
Las inconformes señalan que necesitan este espacio para realizar sus actividades y que ellas son las que pagan a los maestros que les dan clases, que ellas son las que sostienen este espacio y no el gobierno municipal.
Centros Comunitarios de Prevención y Participación Ciudadana
Hasta tiempos del gobernador Antonio Gali Fayad, los centros comunitarios de prevención y participación ciudadana, pertenecían a la extinta Secretaría General de Gobierno y estaban adscritos a la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos.
Estos espacios funcionaban mediante un convenio de colaboración entre los municipios que aportan el dinero para su funcionamiento, nómina de funcionarios y mantenimiento del lugar. Mientras que el estado se encargaba de la operatividad y funcionamiento.
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