La organización UPVA 28 de Octubre acusó una traición por parte de los exalcaldes de Puebla y autoridades estatales en la lucha por la defensa del agua pública.
En rueda de prensa, los integrantes de ambulantes señalaron directamente el incumplimiento de acuerdos y la imposición de perfiles empresariales en los organismos reguladores.
A través de testimonios emitidos por la organización, se recordó que desde la administración municipal de Antonio Gali se impulsó el proyecto de la “Smart City”. Al cual calificaron como una estrategia para la privatización de todos los servicios públicos.
En ese sentido, denunciaron que el exedil intentó reformar el artículo 12 de la Constitución del estado de Puebla para privatizar el servicio de agua potable.
Sin embargo, de todos los señalamientos contra los exalcaldes de Puebla por el agua, la UPVA 28 de Octubre tuvo críticas más severas hacia Claudia Rivera. Al recordar que la exalcaldesa durante su campaña electoral se comprometió a defender el agua potable.
La organización criticó que la expresidenta municipal utilizó su facultad legal para nombrar a dos representantes ante el Consejo Directivo del SOAPAP al proponer a dos empresarios.
Aseguraron que está decisión se mantuvo oculta junto con algunos regidores y significó una abierta traición que marcó el distanciamiento definitivo con su administración.
Finalmente, extendieron las críticas al ámbito estatal, recordando que el fallecido exgobernador Miguel Barbosa también se comprometió en campaña a revocar la concesión.
Señala la 28 de Octubre “danza de cifras” para frenar desprivatización del agua; acusa complicidad de Morena
En continuidad con las denuncias sobre la entrega del patrimonio hídrico a intereses privados, 28 de Octubre lamentó la existencia de una “danza de cifras”.
Los integrantes aseguraron que desde el poder político justifican la permanencia de Agua de Puebla. Además, señalaron una complicidad generalizada por parte de los liderazgos locales de Morena.
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Los integrantes de la 28 de Octubre afirmaron que los discursos oficiales se contradicen de manera sistemática sobre el costo que tendría revertir la privatización.
Cuestionaron el origen de dichos montos y rechazaron que el Estado deba pagar una indemnización, por lo que eligieron la revocación inmediata del contrato.
Debido a las violaciones sistemáticas en las que incurrió la concesionaria y una falta de compromiso real por parte de la clase política.
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