La Secretaría de Gobernación municipal (Segom) anunció una estrategia de puertas abiertas con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) para erradicar las extorsiones en el Área de Normatividad tras las denuncias de restauranteros en Puebla.
Así lo reveló el titular de la dependencia, Franco Rodríguez, luego de que el sector empresarial denunció que inspectores municipales exigían pagos irregulares de 14 mil pesos.
Ante este escenario, el funcionario de la Segom en Puebla confirmó que ya se han llevado a cabo reuniones con los restauranteros, tras las denuncias por extorsiones.
Los acercamientos se dieron directamente con el presidente de Canirac, Juan José Sánchez Martínez, para revisar los casos en los que los agremiados fueron víctimas de estas extorsiones.
En rueda de prensa, Franco Rodríguez indicó que la solución no solo depende de la vigilancia interna, sino de la participación activa de los empresarios.
En ese sentido, exhortó a los sectores productivos a no ceder ante presiones y utilizar los canales oficiales de la Contraloría Municipal.
Y decirte que hemos estado insistiendo, no solamente a él sino a diferentes sectores empresariales, que cuando haya algún señalamiento de estos, hagan la denuncia pertinente”.
Aseguró que la administración busca limpiar la imagen del Área de Normatividad y garantizar que el crecimiento económico de la capital no se vea frenado.
Recordó que la administración ha mantenido un criterio de tolerancia hacia aquellos negocios que aún presentan irregularidades en sus permisos. Sin embargo, subrayó que este proceso no debe ser utilizado por inspectores para obtener beneficios ilícitos.
Canirac denuncia extorsiones en Puebla; restauranteros revelan cobros de hasta 14 mil pesos
De acuerdo con el presidente de Canirac, Juan José Sánchez Martínez, los restauranteros enfrentan solicitudes constantes de pagos ilegales. Mismas que oscilan entre los tres mil y los 14 mil pesos por establecimiento.
Lamentó que esta estructura de cobros irregulares golpee directamente la rentabilidad de los negocios, convirtiendo las inspecciones de rutina en escenarios de presión económica.
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En días recientes, Sánchez Martínez fue enfático al señalar que el blanco principal de estos funcionarios son los negocios que presentan algún rezago administrativo.
Explicó que la falta de un documento o una norma técnica al 100 por ciento se convierte en la herramienta de coacción para los inspectores.
Más allá del daño económico inmediato, la Canirac advirtió que estas prácticas generan inestabilidad laboral y daño reputacional. Al manchar la imagen pública de los comercios establecidos.
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