La Secretaría de Finanzas de Puebla comenzó el retiro parcial de los sellos de clausura que fueron colocados en Plaza Dorada el 22 de mayo, con esto se evitó el embargo de 52 bienes inmuebles del complejo.
La medida se produce luego de que la inmobiliaria Zona Dorada S.C. logró un acuerdo con las autoridades para regularizar el adeudo fiscal de 22 millones de pesos.
Aunque la administración de Plaza Dorada 2 esperaba el retiro total de los hologramas de clausura, las autoridades de Puebla condicionaron la medida del embargo.
Los establecimientos podrán seguir operando con normalidad, pero los sellos permanecerán visibles en algunos muros estratégicos del inmueble como constancia del proceso legal en curso.
Días atrás, Daniela Pérez titular de Finanzas anticipó que, tras lograr acuerdos preliminares con la inmobiliaria, los hologramas serían retirados durante esta semana.
Además, Daniela Pérez, reveló que las mesas de trabajo entre los representantes de la inmobiliaria y la Subsecretaría de Egresos llegaron a buenos términos.
Tuvieron reunión el martes en la Subsecretaría de Egresos y me comentan que llegaron a buenos términos y es muy probable que en la semana puedan retirar los sellos que colocaron”.
El origen del adeudo en Plaza Dorada 2; un litigio de 10 años y un impago desde 2012
Detrás del reciente retiro condicionado de los sellos de clausura en Plaza Dorada 2, existe un historial de evasión y litigios legales desde hace más de una década.
El adeudo de 22 millones de pesos no es reciente, tiene su origen en el año 2012 y sobrevivió a múltiples recursos de defensa legal.
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Las auditorías oficiales revelan que el crédito fiscal pendiente de pago corresponde a omisiones en los conceptos de ISR, IVA, IETU y retenciones de IVA.
Desde el año 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó la validez total de este adeudo. Sin embargo, la Inmobiliaria Zona Dorada S.C. optó por interponer diversos juicios y medios de defensa para postergar el cobro.
A pesar de haberse comprometido formalmente a pagar el 6 de junio de 2016, el proceso siguió su curso legal hasta culminar en la actual orden de embargo.
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