Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvieron al exdirector del Hospital General de Huauchinango, Maximino León Baños.
El exdirector del nosocomio enfrenta denuncias formales desde el año pasado. Las autoridades lo investigan por presuntos actos de acoso y hostigamiento laboral durante su gestión.
La intervención policial inició cerca de las 21:00 horas del 14 de mayo, con incidentes graves como la confusión del detenido. Los agentes ministeriales del área de Género interceptaron primero a un químico del hospital, acción que carecía de sustento legal.
Testigos afirmaron que los oficiales no presentaron ninguna orden de aprehensión contra el empleado.
Ante la detención arbitraria, el personal médico reaccionó con gritos y solicitó apoyo inmediato de la Policía Auxiliar para evitar el traslado.
Minutos después, los agentes liberaron al químico tras notar la equivocación y ofrecieron disculpas públicas por la confusión generada en el área médica.
Posteriormente, los oficiales ingresaron nuevamente al inmueble para cumplir con el mandato judicial contra el exdirector del Hospital General de Huauchinango. Quien era el objetivo real.
Las autoridades trasladaron al exdirectivo al Centro de Reinserción Social local, donde permanecerá bajo custodia mientras un juez determina su situación jurídica por los cargos.
Trabajadores de la salud critican operativo contra el exdirector del Hospital General Huauchinango; exigen sanciones
Trabajadores del sector salud criticaron duramente la falta de profesionalismo del operativo en el Hospital General Huauchinango. Al advertir que estos errores comprometen la integridad del debido proceso judicial.
Los empleados exigieron una supervisión estricta de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla. Según los inconformes, estas fallas técnicas facilitan la evasión de justicia para los culpables.
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Integrantes del sindicato hospitalario programaron una reunión urgente para esta mañana. Los representantes gremiales brindarán acompañamiento legal al trabajador afectado por la detención errónea previa.
La base trabajadora analiza el cierre total de las instalaciones hospitalarias. Esta medida de presión busca sanciones directas contra los servidores públicos responsables del error.
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