La Contraloría Municipal de Puebla inhabilitó a tres extrabajadores de la gestión de Eduardo Rivera al comprobarse la comisión de conductas clasificadas como no graves; suman seis funcionarios sancionados.
Al respecto, la titular de la dependencia, Dulce Liliana Rivera, informó que está resolución duplica el número de exfuncionarios castigados por la dependencia municipal.
En ese sentido, la funcionaria indicó que lo detectado corresponden a ex funcionarios sancionados adscritos a tres áreas operativas de la pasada administración de Eduardo Rivera.
Dulce Rivera precisó que las nuevas resoluciones incluyen la inhabilitación de los implicados por conductas catalogadas como no graves al ser resueltas de manera interna.
Explicó que las dependencias afectadas por estas irregularidades en la gestión panista corresponden al Sistema Municipal DIF y la Sindicatura Municipal. Así como a la Secretaría de Movilidad e Infraestructura.
Dulce Liliana Rivera señaló que los niveles de mando de los sancionados pertenecen a dos jefes de departamento. Así como un secretario de un juzgado calificador.
Al cuestionarla sobre los criterios para catalogar estas faltas, la contralora aclaró que la Ley General de Responsabilidades Administrativas determina la diferencia en la gravedad de cada caso.
Estamos hablando que son conductas no graves y puede ser una omisión, el no cumplimiento de sus deberes. Hay varios supuestos que establece la propia ley”.
Suman seis exfuncionarios sancionados en Puebla durante la gestión de Eduardo Rivera
Este nuevo corte surge semanas después de que a inicios de junio de 2026, la Contraloría confirmara las primeras sanciones en firme contra exfuncionarios de Eduardo Rivera.
El bloque de sancionados correspondía de manera exclusiva a la Secretaría de Medio Ambiente tras concluir diversas investigaciones derivadas del proceso de entrega-recepción.
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En su momento, la titular de la dependencia Josefina Morales reveló que las resoluciones ya estaban firmadas y avaladas por el Tribunal de Justicia Administrativa.
Subrayó que las suspensiones temporales estaban contempladas según el nivel de responsabilidad de los implicados al abarcar directores y jefes de departamento hasta analistas.
De acuerdo con la contralora, el bloque de castigos administrativos se distribuyó desde la inhabilitación por un periodo inicial de tres meses a nueve meses.
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