Tras operar de manera clandestina, las autoridades clausuraron el bar Miches 33 y sancionaron a los responsables tras detectar faltas graves en materia de seguridad y violaciones a los derechos del consumidor.
El Ayuntamiento de Puebla y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), llevaron a cabo las acciones en el establecimiento ubicado en la Avenida Juárez.
El historial de irregularidades del establecimiento comenzó el pasado 15 de enero, cuando verificadores de la dependencia federal detectaron abusos directos contra el consumidor.
La Profeco identificó prácticas abusivas del bar Miches 33, tales como la omisión de una carta física de precios y la exigencia ilegal de propina.
Estas faltas motivaron la colocación inmediata de sellos de suspensión. Sin embargo, en una inspección de seguimiento del pasado 29 de enero, se constató que el proveedor continuaba comercializando productos y servicios.
Ante la reincidencia, la Profeco procedió de inmediato a la imposición de nuevos sellos de suspensión. Cabe mencionar que a esta acción se sumó el Ayuntamiento de Puebla.
De forma paralela, se aplicó una clausura definitiva al establecimiento a través de Protección Civil. Al detectar que el bar tampoco cumplía con las medidas de seguridad básicas, ni con su carpeta de funcionamiento preventivo.
A través de un comunicado, la Profeco advirtió que no se tolerará la operación de establecimientos que ignoren las sanciones administrativas. Toda vez que el objetivo es obligar al proveedor a apegarse al marco normativo.
Bar Miches 33 se suma a la lista de clausuras del Ayuntamiento; Palaze el último supervisado
La reciente clausura del Bar Miches 33 en la Avenida Juárez, se suma a los cierres que ha realizado el Ayuntamiento de Puebla en el primer mes de 2026.
El último de ellos se trató del centro nocturno Palaze, ubicado en las inmediaciones del Bulevar Norte y la colonia San Alejandro. Esto tras detectar graves irregularidades en su operación.
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El operativo se desencadenó tras un reporte en redes sociales que alertó sobre una situación crítica dentro del inmueble. Empleados del lugar habrían retenido a un cliente, exigiendo el pago inmediato de una cuenta de 56 mil pesos.
Ante la imposibilidad de pagar, los familiares del afectado solicitaron el auxilio de las fuerzas municipales para lograr su liberación. Poniendo el foco de las autoridades sobre el funcionamiento del recinto.
Al arribar al sitio, la noche del pasado miércoles 21 de enero, el personal municipal detectó falta de dictamen de Protección Civil y la ausencia de permisos actualizados.
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