El Cabildo de Puebla aprueba la denominada “Ley 3 de 3” para evitar que deudores alimentarios y violentadores se conviertan en funcionarios municipales.
Así lo aprobaron los regidores del ayuntamiento por unanimidad en la sesión de este jueves 10 de julio de 2025.
La regidora Mayte Rivera Vivanco, presentó la propuesta para que el gobierno municipal no contrate a deudores alimentarios y sentenciados por violencia familiar y sexual.
Recordó que la “Ley 3 de 3” que aprueba este día el Cabildo de Puebla, se aplica a nivel federal. Y tuvo el respaldo de 70 organizaciones en el país, además de 630 mil firmas de apoyo.
Rivera Vivanco manifestó que este cambio no tiene ninguna dedicatoria para alguien en especial. Su objetivo es que el gobierno municipal garantice que es cero tolerante a la violencia de género.
La regidora manifestó que ya no basta saber hacer las cosas, sino hacerlas con integridad. Además de que la “Ley 3 de 3” eleva el estándar de quienes buscan servir a la ciudadanía.
Mayte Rivera explicó que para hacer cumplir la nueva normativa se modificarán la ley y el Código Reglamentario Municipal (Coremun).
La representante popular añadió que los próximos trabajadores del municipio de Puebla deberán comprobar que cumplen con los requisitos.
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Por ejemplo, deberán presentar un certificado de que no son deudores alimentarios o que están al corriente con sus pagos, agregó Rivera Vivanco.
Wences Ovidio Celis Córdova, regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió que se transparenten los gastos de los regidores a cargo del ayuntamiento.
El representante popular manifestó que en los anexos de los estados financieros de junio se detallaron los gastos que él solicitó ese mismo mes. Sin embargo, en los meses previos no hubo este tipo de precisiones, aunque sí hubo gastos de otros regidores.
¿Desde cuándo existe la Ley 3 de 3 que aprueba el Cabildo de Puebla?
La Ley 3 de 3 contra la violencia, aprobada por el Cabildo de Puebla, existe desde 2023. También fue aprobada por ambas cámaras de legisladores federales.
El objetivo de la ley es que ninguna persona deudora, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar tenga un cargo de elección popular. Lo mismo aplica para un empleo en los tres órdenes de gobierno según la Cámara de Diputados.
El origen de esta ley son lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE). Además, la normatividad aprobada por el Congreso de Yucatán es una de las más avanzadas.
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