El Ayuntamiento de Puebla cuenta con la facultad legal para ejecutar embargos de bienes a quienes han evadido el pago del impuesto predial por periodos prolongados.
Así lo informó el presidente municipal, Pepe Chedraui, quien precisó que el marco legal permite estas acciones desde hace años para combatir la morosidad.
En ese sentido, el alcalde señaló que estas medidas jurídicas no dependen de la firma de un convenio con el Gobierno del Estado.
Además, explicó que la autonomía municipal ya contempla mecanismos para ejercer presión legal sobre deudores históricos.
Con el convenio y sin el convenio, hay procesos jurídicos que se dan. El que no paga el predial durante mucho tiempo, se puede proceder jurídicamente con ellos”.
En entrevista, Pepe Chedraui subrayó que el objetivo de estas acciones es ampliar la base de recaudación.
De esta manera, el municipio busca contar con recursos suficientes para atender servicios públicos y obra.
Sin embargo, el alcalde insistió en que la firma del convenio con el estado representa una herramienta estratégica para fortalecer el cobro.
Asimismo, indicó que buscan mejorar la eficiencia administrativa y facilitar una mayor captación de ingresos.
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Puebla prepara ofensiva judicial y embargos contra 150 mil morosos del predial; procesos inician este año
Por otro lado, antes de que concluya 2026 iniciarán los cobros judiciales contra propietarios de aproximadamente 150 mil predios con adeudos.
De acuerdo con el tesorero municipal, Héctor González, la estrategia abarcará colonias y juntas auxiliares de toda la capital poblana.
En ese sentido, explicó que han detectado una alta concentración de falta de pago en distintas zonas del municipio.
Además, señaló que el panorama fiscal resulta crítico, ya que miles de predios presentan retrasos significativos en sus contribuciones. Mientras tanto, cerca de 10 mil casos ya enfrentan procesos de juicio por incumplimiento.
Al ser cuestionado sobre el impacto en las familias, Héctor González reiteró que el objetivo principal es la regularización.
No obstante, advirtió que estos procesos judiciales marcan un límite para contribuyentes que han ignorado sus obligaciones durante largo tiempo.
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