La asociación civil TAC, “Una Protección al Entorno”, exhibió que alcalde de Tehuacán, Alejandro Barroso Chávez, enfrenta una acción penal por reincidir en el uso de pirotecnia.
De acuerdo con el colectivo, el presidente municipal violó una orden judicial, al permitir su uso y estar presente durante un evento oficial celebrado el 10 de mayo en el Palacio Municipal.
Cabe recordar que, desde 2024 está prohibido el uso de fuegos artificiales en dicho municipio de Puebla, por motivos de salud y medio ambiente.
Sin embargo, a pesar de existir una orden judicial definitiva, se incurrió en dicha acción. Lo que podría derivar en sanciones legales por desacato a una disposición judicial firme.
Según lo explicó TAC, a través de una denuncia pública en redes sociales, además de señalar a Alejandro Barroso, hay otras autoridades involucradas. Que son el regidor de Gobernación, Alejandro Flores Trujillo; así como el director de Gobierno, Ernesto Palacios Vélez.
Sin embargo, puntualizaron que el alcalde es el autor principal del desacato por reincidir en el uso de pirotecnia en Tehuacán. Ya que intervino personalmente en la ejecución del acto prohibido, con pleno conocimiento de la sentencia federal vigente.
En este sentido, explicaron que la resolución judicial ordena al ayuntamiento abstenerse del uso de fuegos artificiales, para así proteger el derecho de toda persona a un medio ambiente sano.
Incluso, las autoridades municipales pueden establecer las medidas necesarias para prevenir y sancionar el uso de explosivos, pero lamentablemente ellos mismos infringen la ley.
Ayuntamiento de Tehuacán ya había incumplido esta orden federal
Casi al finalizar el comunicado, el colectivo TAC informó que en 2024 se acreditó judicialmente que el ayuntamiento de Tehuacán incumplió esta orden.
Por lo que la Juez Cuarta de Distrito advirtió expresamente que cualquier nuevo acto sería considerado reincidencia.
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Por este motivo, al desobedecer la ley, el delito ya fue debidamente notificado al Juzgado de Distrito, con el objetivo de que las autoridades pertinentes intervengan.
Incluso, TAC explicó que entre las principales consecuencias que podría enfrentar Alejandro Barroso Chávez, serían hasta nueve años de prisión. Así como la destitución del cargo público e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
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