El Ayuntamiento de Puebla no dudará en proceder con la rescisión del contrato a Agua de Puebla si se confirma el incumplimiento en los planes de inversión en 2025.
Así lo advirtió el presidente municipal, Pepe Chedraui, tras el déficit de 300 millones de pesos que no han sido aplicados a la infraestructura hídrica de la capital.
De acuerdo con el Gobierno del Estado, la concesionaria no logró alcanzar las metas de inversión fijadas en el convenio modificatorio de abril de 2024.
En este sentido, Pepe Chedraui enfatizó que la falta de agua es la demanda principal de los poblanos, por lo que tienen un “marcaje personal” sobre la empresa.
Se hará lo que se tenga que hacer. No tenemos ningún inconveniente en que se haga esta rescisión de contrato si hay incumplimiento”.
El alcalde criticó que la concesión, originalmente otorgada por gobiernos del PAN, careció de una supervisión adecuada.
Esto, dijo, permitió que Agua de Puebla continuara sin invertir en infraestructura básica durante el 2025.
Por ello, al ser una petición recurrente en el “Día del Pueblo”, se garantizará atención inmediata, especialmente en colonias con mayor desabasto.
Además, instruyó una supervisión de la infraestructura para determinar exactamente qué obras debe ejecutar Agua de Puebla para dotar del recurso a las colonias afectadas.
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Pepe Chedraui respalda revocación de contrato con Agua de Puebla por falta de inversión en 2025; Estado inicia proceso jurídico
El Gobierno del Estado ha iniciado formalmente un proceso de seguimiento técnico y jurídico contra la empresa Agua de Puebla. Tras detectarse un incumplimiento financiero que afecta directamente la modernización de la red hidráulica.
Según el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, la concesionaria omitió la aplicación de 300 millones de pesos que debieron destinarse a obras de infraestructura.
Durante la sesión del Consejo Consultivo del Soapap, se confirmó que el despliegue de capital no alcanzó el 100 por ciento de lo pactado. Lo que se traduce en tuberías sin renovar y proyectos hidráulicos detenidos.
Aunque la demanda social exige la salida de la concesionaria, el funcionario estatal reveló la principal barrera para la rescisión del contrato, el costo de indemnización.
Ante el impacto que estos 7 mil millones tendrían para el erario, la administración estatal ha decidido no romper el contrato.
Sino mediante una fiscalización permanente y castigos administrativos si la empresa no corrige el rumbo.
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