Estados Unidos solicitó formalmente a México la detención provisional y pidió extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales.
Todos ellos son acusados ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la recepción de los expedientes. Pero advirtió que carecen de elementos probatorios suficientes y anunció el envío de un extrañamiento diplomático a la Embajada estadounidense.
De acuerdo con el comunicado oficial de la cancillería mexicana, las solicitudes para extraditar al gobernador de Sinaloa y otros funcionaros fueron entregadas el 28 de abril a las 18:00 horas.
En apego a la Ley de Extradición Internacional, ya fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis conforme al marco jurídico mexicano.
La dependencia precisó, mediante el comunicado 097/2026, que su intervención se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos formales del tratado bilateral. Mientras que la determinación de fondo corresponde a la FGR.
La SRE informó que, tras revisión del tratado de extradición, la solicitud de EE.UU. carece de pruebas suficientes.
Aunque la ausencia de pruebas no detiene el procedimiento, la cancillería subrayó que la fiscalía mexicana evaluará la viabilidad de las detenciones bajo estándares nacionales.
En un movimiento que eleva el tono diplomático del caso, el gobierno mexicano anunció el envío de un extrañamiento formal a la representación estadounidense.
La SRE informó que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por difundir información confidencial del caso. Señaló que el comunicado la publicó la Embajada y el embajador Ronald Johnson.
Acusación de Nueva York contra el gobernador Rocha Moya
La imputación la anunciaron el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la (Administración de Control de Drogas) DEA, Terrance C. Cole.
La solicitud de extraditar al gobernador Rocha Moya incluye a funcionarios de “alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden” de Sinaloa. Se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos.
Junto al gobernador Rocha Moya, la acusación contempla al senador Enrique Inzunza Cázares, al exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega; al fiscal general adjunto Dámaso Castro Zaavedra; a los exjefes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; al excomandante de la Policía Municipal de Culiacán Juan Valenzuela Millán; y a otros mandos de seguridad estatal.
De hallarlos culpables, la mayoría de los acusados, incluido Rocha Moya, enfrentan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión. Así como una sentencia máxima de cadena perpetua.
En el caso de Valenzuela Millán, debido a los cargos de secuestro con resultado de muerte, la pena obligatoria es de cadena perpetua.
Según el expediente estadounidense, la facción de Los Chapitos intervino en las elecciones para llevar al poder a Rubén Rocha, con intimidaciones y secuestros contra rivales políticos.
Además, antes y después de asumir el cargo, el gobernador se reunió con integrantes del cártel, con quienes acordó proteger sus operaciones a cambio de apoyo político.
Gobernador de Sinaloa se defiende de las acusaciones de EE.UU.
Rocha Moya rompió el silencio mediante un mensaje en el que rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones.
El gobernador de Sinaloa denunció que este proceso legal forma parte de una “estrategia perversa” que busca violentar la soberanía nacional y el orden constitucional de México.
Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos. A las y los mexicanos que representamos esa causa”.
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El caso se inscribe en una ofensiva más amplia anunciada semanas atrás por la administración de Donald Trump.
El Departamento de Estado ya revocó las visas de diversos funcionarios de Morena, incluyendo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Y presuntamente, al de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que cualquier señalamiento debe acompañarse de pruebas y que las acciones unilaterales no pueden vulnerar la soberanía mexicana.
La FGR mantiene ahora en sus manos la decisión sobre la procedencia de las detenciones. En el expediente se combina la presión diplomática de Washington, la respuesta institucional de la cancillería y el blindaje político a un gobernador en activo.
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