El Congreso de la República de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral” mediante la figura de la vacancia presidencial. El golpe político representa una baja entre los liderazgos femeninos de Latinoamérica.
Esto marca un nuevo y convulso capítulo en la persistente crisis política del país andino. La decisión, calificada por algunos como una “vacancia exprés”, se basó en la causal constitucional de “permanente incapacidad moral”.
Este mecanismo, frecuentemente utilizado en Perú, generó un intenso debate sobre su legalidad y sus implicaciones desde un enfoque internacionalista. Especialmente en cuanto al respeto de los principios democráticos y el sistema interamericano de derechos humanos.
Legalmente, la destitución de un presidente en Perú se ampara principalmente en el Artículo 113, inciso 1 de la Constitución Política del Perú.
Este establece la vacancia de la Presidencia de la República por “permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”.
¿Con qué fundamento legal destituyeron a Dina Boluarte?
La activación del proceso requiere la presentación de una moción con la firma de un número no menor del 20 por ciento de congresistas, seguida de un debate y una votación.
Para la destitución, la Constitución exige una votación favorable de dos tercios del número legal de congresistas, 87 votos de 130 que existen.
En el caso de Dina Boluarte, el Congreso de Perú destituyó a la presidenta con la mayoría necesaria. Esto tras aprobar varias mociones de vacancia presentadas por diversas fuerzas políticas.
Las mociones presentadas contra Boluarte invocaron principalmente su presunta “permanente incapacidad moral” vinculada a diversas investigaciones fiscales.
Entre las que se incluyen el ‘Rolexgate’ (escándalo por el no haber declarado joyas de lujo) y procesos por abandono de cargo. Así como por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022.
La “permanente incapacidad moral” es una causal notoriamente vaga e indeterminada, heredada de constituciones históricas.
Su amplitud permite al Congreso interpretarla de forma discrecional, convirtiéndola en un arma política para dirimir la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Esta ambigüedad es el corazón de la inestabilidad institucional peruana y la crítica legal recurrente a nivel nacional e internacional.
Desde una perspectiva internacionalista, la destitución de Dina Boluarte genera serias preocupaciones sobre la salud democrática de Perú y su rol dentro del sistema regional.
A pesar del precedente de inestabilidad Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte
Perú cuenta con una cadena de destituciones y renuncias presidenciales en los últimos años. Entre los que se encuentran:
- Pedro Pablo Kuczynski
- Martín Vizcarra
- Manuel Merino
- Pedro Castillo
Esta alta frecuencia de remociones parlamentarias consolida el patrón de inestabilidad crónica. Lo que debilita la confianza de la comunidad internacional en la institucionalidad y el Estado de Derecho peruanos.
Organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han observado de cerca la crisis peruana.
La OEA, a través de la Carta Democrática Interamericana, vigila si las crisis políticas representan una “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático”.
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La rapidez y los motivos de la vacancia podrían analizarse para determinar si se respetó el debido proceso y la separación de poderes.
La CIDH expresó previamente su preocupación por el uso de la figura de la “incapacidad moral”. Esto por las presuntas violaciones a los derechos humanos por el uso desproporcionado de la fuerza durante las protestas tras la asunción de Boluarte.
Durante el mandato de la expresidenta Boluarte, se impulsaron iniciativas para limitar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Perú.
Incluso se planteó el considerar su salida del país del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Esta medida, percibida como un intento de evadir responsabilidades por las muertes en las protestas de 2022, habría acercado al país a posturas como la de Venezuela.
La destitución de Boluarte podría redefinir la relación de Perú con la justicia internacional de derechos humanos, según las políticas del nuevo gobierno de transición.
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