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Durante 2021 fueron sancionados siete servidores públicos en Puebla por cometer diferentes actos que van desde acoso sexual, hasta omisiones e irregularidades en los procesos de entrega-recepción en diferentes dependencias de gobierno.

Aunque en todos los casos los procedimientos iniciaron en años previos al 2021, se llevaron a cabo las investigaciones y procesos señalados en la ley, por lo que hasta el año pasado quedó firme la resolución y su registro como servidores públicos sancionados.

En los registros de las dependencias estatales consultados por #DandoData, se detalla que los responsables tuvieron como principal sanción la inhabilitación temporal para ejercer cualquier cargo en la administración pública, los periodos fueron menores a un año.

Destaca el caso de un docente de la Universidad Politécnica de Puebla, quien fue acusado e investigado por cometer acoso sexual en contra de una de sus alumnas, de acuerdo con la versión pública del expediente.

En los órganos internos de control de las dependencias y con seguimiento posterior de la Secretaría de la Función Pública, se atienden las irregularidades cometidas por los servidores públicos. Hasta 2020, la administración de Rafael Moreno Valle se colocó como la gestión que concretó más inhabilitaciones.

ESTOS SON LOS SIETE SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS

Daniel Báez Bermejo

Fue profesor de la Universidad Politécnica de Puebla, la sanción aplicada fue la destitución e inhabilitación por siete meses y seis días, tras ser investigado por acoso sexual a una de sus alumnas.

Para el proceso, se presentaron como prueba copias certificadas con conversaciones de Messenger entre la alumna denunciante y Daniel Báez Bermejo, las cuales sostuvieron entre octubre de 2017 y enero de 2019.

Tras las investigaciones realizadas por los órganos internos tanto de la universidad como de la Secretaría de Educación, procedió como sanción su destitución e inhabilitación.

Carlos Alberto Espinal Galeana

Estuvo en la administración estatal como responsable de los asuntos del Fideicomiso Público de Administración y Garantía denominado “Fondo para el Fortalecimiento de la Microempresa”, en su caso, se impuso como sanción la inhabilitación por cuatro meses y 24 días.

A Carlos Alberto Espinal Galeana se le acusó de bajar información de la Plataforma Nacional de Transparencia después de que fue responsable de los asuntos del fideicomiso, ya que hizo uso indebido de las claves de acceso cuando dejó de estar en el cargo.

Carlos Alberto Espinal Galeana fue sustituido en 2019 del Fideicomiso, pero hizo uso de las claves para el sistema de cumplimiento de las obligaciones de transparencia en febrero de 2020.

José Manuel Mastache Solano

Estuvo a cargo de la delegación regional de la Secretaría de Desarrollo Rural en Izúcar de Matamoros, en su caso, la sanción fue destitución de cualquier cargo en la administración pública e inhabilitación por cuatro meses con seis días.

A José Manuel Mastache Solano se le acusó de no haber llevado a cabo el proceso de entrega-recepción en tiempo y forma cuando concluyó su responsabilidad en septiembre de 2019.

En la resolución, se detalla que llegó a la dependencia en febrero de ese año y fue nombrado por el entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y ex operador morenovallista, Francisco Rodríguez Álvarez, quien permaneció en la administración pública en el gobierno interno.

Jairr de Jesús Sanabia Torres

Se trata de un caso igual al anterior, pues Jairr de Jesús Sanabia se desempeñaba como delegado de la Secretaría de Desarrollo Rural en Xicotepec, pero, al concluir su encargo, no realizó el proceso de entrega-recepción.

La sanción que se le impuso también fue la destitución de cualquier cargo en la administración pública que pudiera ocupar e inhabilitación por cuatro meses y seis días, periodo que transcurrió durante 2021 tras concluir las investigaciones y encontrarlo responsable de la falta.

Said Corona Torres

Fue subdirector en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero al confirmar irregularidades de su parte, fue inhabilitado por un periodo de seis meses.

La sanción se le impuso luego de las omisiones que cometió el ex servidor público en el proceso de entrega-recepción realizado entre noviembre y diciembre de 2018, pues no subsanó las observaciones y requerimientos en los días posteriores, tal como lo marca la norma.

Javier Iván Gámez Sala

Fue director de área en la Dirección de Información de Operaciones y Estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública. En su sentencia definitiva se señala que la sanción fue la inhabilitación por ocho meses con 12 días.

Aunque en la versión pública no se detallan las razones por las que se le impuso esta sanción a Javier Iván Gámez Sala, se indica que incurrió en faltas al artículo 7 fracción I y 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En estos artículos, la legislación indica que se cometerá una falta no grave cuando los servidores públicos incumplan con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, también cuando deje de desempeñarse con disciplina y respeto a los demás servidores y particulares que llegue a tratar. 

Eduardo Vargas Méndez

Se desempeñó como encargado de bodega de bienes embargados en la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas, hasta antes que fuera inhabilitado por un año.

En el caso de Eduardo Vargas Méndez tampoco se detallan los hechos por los que ameritó la sanción, pero se indica que no cumplió con la máxima diligencia del cargo que se le encomendó como encargado de la bodega de bienes embargados.

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