La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó probable daño patrimonial en la cuenta pública 2023, de 18 municipios de Puebla por 245 millones 763 mil 967 pesos.
De acuerdo con el informe, las demarcaciones con más irregularidades señaladas son la capital poblana, Acajete y Atempan.
La ASF detalló que el probable daño patrimonial en los municipios de Puebla detectados en 2023, refieren irregularidades en montos desde 12 millones de pesos. Y hasta más de 162 millones de pesos.
En el caso de la capital poblana, las irregularidades señaladas son por 162 millones 172 mil 197 pesos, cuando el panista, Eduardo Rivera Pérez, era alcalde. El dinero se debió usar para compra de combustible, nómina, suministro de agua, capacitaciones, instalación de bancas, juegos y gimnasios.
En Acajete, la ASF detectó un probable daño patrimonial por 18 millones 188 mil 863 pesos. En ese año, David Meléndez López fungía como alcalde. Las irregularidades detectadas en el gobierno morenista están relacionadas con la compra de un sistema de videovigilancia y de luminarias.
Además, el ayuntamiento no entregó la documentación completa de diferentes contratos. Y no se acreditó un predio donde se realizaron obras presuntamente del gobierno federal.
Mientras que, en Atempan, el ayuntamiento generó un probable daño patrimonial por 12 millones 673 mil 384 pesos en 2023. Cuando el priista, Carlos Herrera González, gobernaba.
Las irregularidades son por el pago de estudios y proyectos con un fondo para municipios, sin embargo, no se acreditó el uso de estos recursos.
Además, del mismo fondo, el ayuntamiento pagó tres obras públicas. De las cuales dos no cumplieron con los objetivos y otra no se encontró en operación.
Obras y compra de uniformes, entre las irregularidades detectadas por ASF
La ASF también detectó probable daño patrimonial en el Ayuntamiento de Amozoc de la cuenta pública 2023 por siete millones 678 mil 919 pesos. Durante la administración de Mario de la Rosa Romero.
Entre las irregularidades encontradas está el pago de un estudio de impacto ambiental posterior a la realización de una obra. Y tampoco pudo acreditar otras obras pagadas.
Mientras que el Ayuntamiento de Altepexi, provocó un probable daño patrimonial por cinco millones 925 mil 877 pesos, en la gestión de Miguel Rafael Feliciano.
El monto antes referido está relacionado con la compra de uniformes no localizados y la falta de documentos por la compra de un vehículo.
Asimismo, la ASF señaló probable daño patrimonial en el municipio de Juan C Bonilla, liderado por José Cinto Bernal, por cinco millones 44 mil 790 pesos. Las irregularidades son por temas como no acreditar documentación comprobatoria de entrega de bienes a beneficiarios.
De igual forma, en el gobierno de Huejotzingo, encabezado por Angelica Patricia Alvarado, se detectaron irregularidades en la cuenta pública 2023 por cuatro millones 719 mil 516 pesos. Esto por no entregar un documento en donde el ayuntamiento declare estar conforme con un servicio, y por dar un pago excesivo por un contrato.
En el Ayuntamiento de Huaquechula, durante la gestión de Raúl Marín Espinoza, se señalaron irregularidades por cuatro millones 619 mil 20 pesos. Por no acreditar el término de una cancha de usos múltiples y la compra de uniformes y equipos de radio comunicación.
Las exautoridades todavía tienen oportunidad de aclarar estas irregularidades tras ser notificados por la ASF.
Otros municipios poblanos que también generaron daño patrimonial en la cuenta pública 2023
En Acatzingo, la ASF detectó un probable daño patrimonial por cuatro millones 204 mil 562 de pesos de la gestión de Abraham Martínez Jiménez. Por no certificar que entregó 480 apoyos de fertilizante y hubo irregularidades en la compra de este producto y de una obra.
Mientras que el Ayuntamiento de Cuetzalan, liderado por Gerson Calixto Dattoli, provocó un daño patrimonial por tres millones 991 mil 888.21 pesos. El gobierno no comprobó el gasto por la renta de un tractocamión, la realización de proyectos y artículos para beneficiarios.
En San Martín Texmelucan, el ayuntamiento de María Norma Layón Aarun provocó un probable daño patrimonial por tres millones 191 mil 204 pesos. Esto por no acreditar el uso de equipos, hacer estudios y proyectos no contemplados en el fondo de infraestructura social.
Asimismo, en Chichiquila el gobierno municipal de Pablo Galindo Hernández generó un daño patrimonial por tres millones 164 mil 49 pesos.
El gobierno de Fernando Ambrosio Peralta, en Chilchotla, generó un probable daño patrimonial por dos millones 489 mil 933 pesos.
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En Huehuetla, el gobierno de Rafael Lara Martínez generó un probable daño patrimonial por dos millones 392 mil 950 pesos.
El Ayuntamiento de Chignautla, liderado por Aaron Bonilla Paulino, provocó un probable daño patrimonial por un millón 896 mil 450 pesos.
Mientras que el gobierno de Salvador Domínguez Rojas, en Chiautzingo, provocó un probable daño patrimonial por un millón 495 mil 977 pesos.
En el caso de Ocoyucan, el alcalde Rosendo Morales Sánchez, generó un probable daño patrimonial por un millón 486 mil 963.02 pesos.
Y el Ayuntamiento de Huauchinango, liderado por Rogelio López Angulo, provocó un probable daño patrimonial por 427 mil 419 pesos.
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