El gobierno de Puebla le pagará el enganche de vehículos eléctricos a los choferes del transporte público para comenzar la transición a la modernización.
Durante una rueda de prensa, el gobernador Alejandro Armenta Mier, llamó a los transportistas a aprovechar la propuesta.
Señaló que, si los choferes del transporte público aceptan el enganche para la compra de vehículos eléctricos que ofrece el gobierno de Puebla, se ahorrarán lo que gastan en combustible. Al asegurar que entre el 60 y 70 por ciento de los ingresos diarios, se destinan al pago de la gasolina.
Armenta Mier, mencionó que tras apoyarlos con un fondo perdido, los transportistas se deberán encargar de terminar de pagar la unidad.
No hay mejor opción para un transportista que la conversión al auto eléctrico, es autofinanciable (…), vamos a aportar la parte del enganche y ya ellos con la economía que van a tener van a acabar de pagar el auto”.
Recordó que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), trabaja en la revista de las concesiones, a fin de evitar que persista el desorden. Pues, a decir del mismo mandatario, una sola persona puede llegar a tener decenas de concesiones.
Sobre este mismo tema, en diciembre del año pasado, Armenta Mier adelantó la puesta en marcha de una revisión de las concesiones.
Entre los objetivos, añadió la identificación de rutas piratas, por medio de un sistema de control vehicular digital.
Gobernador de Puebla acusa contratos leoninos por parte de administraciones pasadas
En esta misma rueda de prensa, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, expuso la adquisición de contratos leoninos de parte de administraciones pasadas.
Uno de ellos, es la de las concesiones de las Líneas 1, 2 y 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
Cuyas unidades, dijo son “chatarra”, generan contaminación y ponen en riesgo la vida de los usuarios.
Otro caso expuesto por el mandatario es la construcción del Museo Internacional del Barroco (MIB).
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Una construcción que también “lesionó” al gobierno estatal, al señalar la deuda que aún mantienen por la edificación.
Hay cosas que están hechas para beneficiar la corrupción y el saqueo. Contratan expertos y dejan amarrado jurídicamente los contratos, lesionando al Estado como el Museo Barroco”.
Compartió que mientras no haya una renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no será posible la liberación de la deuda. Ya que, en caso de que el Estado quiera dar por terminado el contrato, perderá recursos.
Además, refirió que la SCJN sancionó al Estado a pagar casi 600 millones de pesos por una obra en el Arco Norte. Aun cuando la empresa sólo pagó 50 millones por derecho de vía, por lo que reiteró que la corte protege el saqueo de delincuentes disfrazados de empresarios.
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