Presentan en el Congreso iniciativas para evitar, en escuelas, la venta de bebidas azucaradas a menores
En sesión de la Comisión Permanente presentaron un punto de acuerdo y una iniciativa en materia de igualdad de género y de educación
Con el propósito de evitar la venta de bebidas azucaradas a menores de edad en escuelas públicas y privadas, la diputada Karla Victoria Martínez Gallegos presentó un par de Iniciativas para adicionar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Ley de Educación del Estado de Puebla.
Las iniciativas pretenden establecer que “dentro de las instituciones educativas públicas y privadas queda prohibida, por cualquier medio, la distribución gratuita, venta y suministro de bebidas azucaradas, energizantes y alimentos de alto contenido calórico a menores de edad; además de la venta a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras de estos productos”.
Para este fin se establece adicionar un segundo párrafo a la fracción V del artículo 50 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como reformar el artículo 86 de la Ley de Educación del Estado de Puebla.
Ambas iniciativas fueron turnadas, por la Comisión Permanente, a las Comisiones Unidas de Salud, Educación y de la Familia y los Derechos de la Niñez, para su análisis y resolución respectiva.
Asimismo, la diputada Karla Victoria Martínez Gallegos presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación del Estado, a que se eviten los estereotipos de género y se imponga a las alumnas el uso de falda como elemento obligatorio del uniforme escolar.
El exhorto fue enviado a las Comisiones Unidas de Educación, de Igualdad de Género y de la Familia y los Derechos de la Niñez, para su estudio y dictaminación correspondiente.
En más del orden del día, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado con la finalidad de establecer que la educación que se imparta en la entidad tenga un enfoque apartidista, quedando prohibida cualquier práctica que tenga como fin el adoctrinamiento político.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su análisis y resolución procedente.
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