Buscan que funcionarios de Puebla comparezcan ante el Congreso por mal desempeño
Jocelyn Olivares señaló que los diputados pueden exigir cuentas a los funcionarios de los ayuntamientos, del gobierno estatal y del Poder Judicial.
En su primera iniciativa, la diputada Jocelyn Olivares López propuso que las comisiones del Congreso del Estado tengan la facultad de llamar a los funcionarios de Puebla que encabezan las distintas secretarias, a que comparezcan cuando tengan un deficiente trabajo.
En su reforma, la legisladora de Morena señaló que la transparencia debe ser utilizada para revisar, analizar y en su caso, sancionar el desempeño del gobierno. Toda vez que esta acción es “imprescindible” para una buena administración.
Destacó que las autoridades deben rendir cuentas y dar explicaciones de las acciones que realizan. Ya que esto fortalece “los mecanismos de rendición de cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la democracia”.
Con ello, propuso una modificación al artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que las comisiones del Congreso del Estado puedan llamar a los funcionarios de Puebla de los tres niveles de gobierno a que comparezcan, es decir, a los titulares de las dependencias estatales, del Poder Judicial y de los ayuntamientos.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su revisión.
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Debido a que los funcionarios estatales solo acuden a comparecer una vez al año al Legislativo. Ésto cuando rinden la glosa de su informe de gobierno, se propuso dicha iniciativa. Actualmente, los titulares del Poder Ejecutivo están rindiendo su comparecencia sobre los trabajos hechos durante el 2022.
En ese marco, la secretaria de Movilidad y Transporte, Elsa Bracamonte González, indicó que, entre febrero y marzo de ese año, desarticularon una red de corrupción autodenominada “Cártel del Transporte”. Ésta involucraba a delegados, inspectores y personal de base que despedidos.
El 3 de febrero, señaló que trabajaban en complicidad con policías estatales para pedir “mordidas” al transporte público y para evitar multas o inspecciones. Con esto, iniciaron 20 procesos administrativos para revocar concesiones.
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