La Jueza de Control, Jessica Sarmiento, dejó que Hugo Porfirio N., señalado por actos de crueldad animal en Puebla, continúe en libertad hasta abril.
Esta decisión se tomó durante la audiencia de revisión de medidas cautelares contra el acusado de mantener a más de diez perros en condiciones precarias, situación que derivó en la muerte de dos de ellos.
Ante este escenario, el Movimiento Animalista de Puebla (MAP) expresó su indignación y preocupación por las determinaciones emitidas el pasado 8 de enero de 2026.
Los activistas señalaron que el imputado incumplió los compromisos legales que le permitieron llevar su proceso en libertad bajo la figura de Suspensión Condicional.
Por esta razón, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) solicitó de manera justificada la reimposición de la prisión preventiva contra Hugo Porfirio N., señalado por crueldad animal en Puebla; sin embargo, el juez determinó dejarlo en libertad.
Los activistas cuestionaron el actuar de la jueza, a quien acusaron de minimizar su peligrosidad al permitir que continúe en libertad hasta abril.
Incluso, recordaron que la omisión del Poder Judicial del Estado ya tuvo consecuencias fatales, pues un gato murió por desnutrición bajo el cuidado del acusado.
Además, de acuerdo con testigos, el imputado actualmente mantiene bajo su control a una perrita y continúa portando armas blancas.
Esto, señalan, convierte a Hugo Porfirio N. en un peligro latente tanto para los animales como para la sociedad.
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Activistas lanzan exigencias ante la libertad de Hugo Porfirio, acusado de crueldad animal
El Movimiento Animalista de Puebla presentó una serie de exigencias al Poder Judicial del Estado, con el objetivo de garantizar justicia en este caso.
Los animalistas pidieron al Consejo de la Judicatura investigar el actuar de la jueza Jessica Sarmiento por minimizar la violencia y carecer de enfoque de protección a víctimas.
También, exigieron cambiar al juzgador para garantizar imparcialidad, empatía y perspectiva de derechos animales, priorizando la seguridad humana ante el presunto agresor.
Finalmente, responsabilizaron a las autoridades de cualquier agresión contra testigos o activistas, derivada de la libertad otorgada al imputado.
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