Alto a la extorsión
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Especialistas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) consideraron que la Ley de ciberasedio recientemente aprobada, pone en riesgo derechos que son fundamentales.  

Profesores de las Facultades de Derecho y de Ciencia Política y Gobierno, analizaron a fondo la reforma. Misma que busca castigar a quien, a través de medios digitales, insulte, injurie u ofenda a otra persona hasta causarle un daño en su integridad física o emocional. 

Tras el análisis, los académicos de la Upaep propusieron mejoras para fortalecer la aplicación de la Ley de ciberasedio. Pues indicaron que, aunque existen elementos valiosos, también hay deficiencias que podrían interpretarse en violaciones a algunos derechos. 

El director de Derecho, Fernando Méndez, declaró que el primer es que la ley no es clara sobre hasta dónde se puede considerar crítica legítima o expresión libre. 

Asimismo, destacó que podría vulnerar el principio de presunción de inocencia, por considerar automáticamente que existe daño emocional cuando la víctima es menor de edad. 

Fernando Méndez dijo que presumir un daño sin pruebas, podría ser preocupante. Ya que en un estado de derecho no se debe asumir una afectación sin una evaluación adecuada. 

También, advirtió que, ante la carga de trabajo y la falta de claridad en la ley, las autoridades podrían optar por eliminar contenido sin una orden judicial. 

Lo que podría ser visto como una especie de censura automática, además que aún no está claro cómo se aplicaría la ley cuando los delitos ocurren fuera del estado de Puebla. 

Por su parte, Juan Carlos Espina, director de Ciencia Política y Gobierno, exhibió las irregularidades del proceso legislativo.  

Según sus palabras, la ley se aprobó mediante un proceso “fast track”, sin consulta previa a la ciudadanía, expertos en derechos digitales o medios de comunicación. 

Cambios estratégicos en la Ley de ciberasedio propuesta por académicos 

Ambos especialistas de la Upaep coincidieron que la Ley de ciberasedio, tal como está redactada, pone en riesgo la libertad de expresión. 

Lo anterior porque las autoridades no pueden ser sujetos pasivos del delito de ciberacoso, salvo en casos de amenazas o violencia explícita. 

Por este motivo, expresaron las siguientes propuestas: 

  • Reformular el artículo 480, eliminando o precisando términos vagos.
  • Garantizar filtros judiciales rigurosos antes de aceptar denuncias o eliminar contenidos digitales.
  • Proteger explícitamente el derecho a la crítica pública, especialmente cuando se trata de autoridades.
  • Crear un observatorio ciudadano con participación de universidades y sociedad civil para monitorear la aplicación de la ley y evitar abusos.

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Los académicos indicaron que una de las cosas rescatables de esta Ley de ciberasedio, es que podría mejorar la cultura digital y protección de menores. 

Pese a las críticas, reconocieron la intención de brindar protección especial a los menores, quienes muchas veces han estado desprotegidos frente a ataques digitales.  

Así como la reciente convocatoria a foros ciudadanos para revisar la ley, aunque lamentaron que la propuesta se realizó muy tarde.  

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