Este jueves ingresó una nueva Ley de Educación Superior ante el Congreso de Puebla, la cual busca que el Estado tenga mayor control en la elaboración de programas de estudio. También, garantizar que las universidades sean espacios sin acoso ni violencia de género, facilitar el ingreso, mejorar equipamiento tecnológico y que las instituciones privadas mejoren su infraestructura.
El artículo 59 de la iniciativa de ley señala que la Secretaría de Educación Pública (SEP) elaborará un Programa Educativo Estatal de educación superior como una “orientación” para las instituciones, respetando su autonomía.
Para orientar el desarrollo de la educación superior, la Secretaría elaborará un Programa Educativo Estatal de educación superior, que incluya objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas globales para cada uno de los subsistemas educativos, además de reconocer el diferente nivel de desarrollo de las instituciones que integran cada subsistema”.
Además, se creará un “fondo estatal” que a largo plazo recabe recursos públicos para que las universidades públicas sean gratuitas. También, se propone el Registro Nacional de Opciones para Educación Superior, por lo que todas las instituciones tendrán que dar cuenta de sus espacios disponibles en las carreras para que sea del conocimiento público de los interesados.
En la Ley de Egresos del estado de Puebla del ejercicio fiscal que corresponda procurará la creación de un fondo estatal especial destinado a asegurar a largo plazo los recursos económicos suficientes para la obligatoriedad, de manera gradual, de los servicios de educación superior”.
Con dicha injerencia, también se busca facilitar el ingreso a las universidades, con un padrón de los espacios disponibles en cada una, y hacer que los tramites institucionales, como la inscripción, sean gratuitos de forma gradual, mediante la creación de un fondo.
La Secretaría, la autoridad educativa municipal y las instituciones de educación superior, en coordinación con la autoridad educativa federal, establecerán el Registro Nacional de Opciones para Educación Superior, el cual tendrá por objeto dar a conocer a la población los espacios disponibles en las instituciones de educación superior, así como los requisitos para su ingreso”.
Destaca que la ley propone todo un capítulo en acciones para prevenir, erradicar y actuar en temas de violencia contra las mujeres. La violencia contra una mujer no podrá ser arreglada en una mediación interna de la institución, los casos de acoso deberán ser sancionados inmediatamente. Además de promover un transporte exclusivo para las mujeres.
En cuanto a las instituciones privadas, estas deberán mejorar su infraestructura para el acceso de personas con discapacidad y enfocar sus planes de estudio hacia los derechos humanos.
La iniciativa fue elaborada por la presidenta del Legislativo, Nora Merino Escamilla, y por el diputado sin partido, Hugo Alejo Domínguez, quienes planean 79 nuevos artículos, dos menos a los de la ley vigente, compuesta por 81.
Mayor injerencia del Ejecutivo en plan educativo
La iniciativa contempla la integración de un Título Quinto llamado “De la coordinación, planeación, y evaluación de la educación superior”, cuyo Capítulo I establece que el gobierno del Estado tendrá una mayor intervención en la planificación de los programas de universidades públicas, pues será la Secretaría de Educación estatal la encargada de crear los planes de estudio de las universidades.
Para ello, el artículo 59 establece la elaboración de un Programa Educativo Estatal de Educación Superior, que “incluya objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas globales para cada uno de los subsistemas educativos”, el cual sería revisado de forma anual.
La Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior de Puebla (Coepes) sería el organismo encargado de formular propuestas a la Secretaría. El organismo se encarga de analizar mejoras, pero con la nueva Ley obtendría la facultad de intervenir directamente.
El Coepes tendrá poco peso de las universidades, pues está integrado por el titular de la SEP, el de la Subsecretaría de Educación, y el encargado de la Dirección General de Planeación y Servicio Profesional Docente, quienes fungiran como presidente, vicepresidente y secretario técnico, respectivamente.
Ellos tendrían la principal decisión en la Coepes, mientras que la intervención de las propias universidades quedará relegada en la función de vocales.
Tramites escolares serían gratuitos
El artículo 65 propone que las universidades estarían obligada a ya no cobrar por trámites administrativos de forma progresiva. Esto no afectaría a las finanzas de las instituciones, ya que para ello, se contempla la creación de un fondo estatal especial.
Fijado en el artículo 63, se propone que dicho fondo sea destinado para asegurar, a largo plazo, que las instituciones cuenten con recursos suficientes para su funcionamiento.
En la gratuidad, entraría el pago por inscripción, de credenciales, documentos certificados, y demás trámites para la titulación.
Las escuelas, “con el apoyo de las autoridades educativas federal y del Estado, propondrían mecanismos para la transición gradual hacia la gratuidad de los servicios educativos, sin que en ningún caso se afecte el cumplimiento de sus fines ni las finanzas institucionales”.
Garantizar espacios libres de acoso y violencia de género
El artículo 48 determina que el Estado garantizaría que las instituciones educativas “se constituyan como espacios libres de todo tipo y modalidad de violencia, en específico la de género, y de discriminación hacia las mujeres, para garantizar el acceso pleno al derecho a la educación superior”.
Mediante la fracción I, inciso “A”, se fija que para estos casos, se “excluirán las medidas de conciliación o equivalentes como medio de solución”. En el “C”, se especifica que los agresores serán objetos de una “grave responsabilidad”, por lo que al excluirse las instancias mediadoras, serían castigados directamente.
Esto, en un escenario de denuncias mediáticas contra profesores de diversas instituciones poblanas, por acoso o violencia de género, ejercida a través de comentarios misóginos.
El apartado “G” propone la creación de una instancia de igualdad de género, cuya función sería “la incorporación de la perspectiva de género en todas las acciones que lleve a cabo la institución”.
De igual forma, la fracción II establecen la promoción de un transporte escolar exclusivo para las alumnas y el fomento de un transporte público que garantice seguridad a las universitarias, docentes y demás trabajadoras de la educación.
A su vez, la creación de una instancia de igualdad de género en las instituciones, que se encargue de cumplir las medidas.
VER: El pacto patriarcal, el encubrimiento entre hombres que promueve la desigualdad en la sociedad
Facilitar el ingreso a universidades
Otra de las injerencias que tendría el Estado es la establecida en el artículo 43, sobre coordinarse con las casas de estudio para crear el Registro Nacional de Opciones para la Educación Superior, cuyo objetivo es dar a conocer los espacios disponibles en las instituciones, así como los requisitos para su ingreso a la hora de realizar el examen de ingreso.
De forma coordinada, la SEP y las universidades darían asesorías y facilitarían los medios “para el acceso a los lugares disponibles”.
Agilizar revalidación de estudios y equipar escuelas
El artículo 19 fija que las instituciones facultadas para la revalidación de materias deberán agilizar el procedimiento con imparcialidad. Se propone la utilización de herramientas digitales para la verificación de documentos académicos, “a fin de garantizar la incorporación y permanencia al tipo de educación superior”.
Por otra parte, en el artículo 50 se propone que las universidades cuenten con mejor tecnología para facilitar las labores docentes. Las fracciones I y II establecen la conversión a herramientas de comunicación y aprendizaje digital e implementar nuevas opciones educativas.
De igual forma, el artículo 14 agrega una modalidad “dual” de educación, la cual integra la impartición de clases presenciales y a distancia, que sirve para evitar contagios de coronavirus, de cara al regreso a clases en la entidad.
Escuelas privadas deberán mejorar infraestructura
También se contempla que las universidades privadas mejoren su infraestructura y cambien la perspectiva de su aprendizaje para recibir el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de tipo Superior (Rvoes), sin el cual no pueden operar oficialmente.
El artículo 71, sobre quitar o dar el reconocimiento, plantea, en su fracción I, inciso “C”, que las instituciones privadas deberán impartir estudios con enfoque en derechos humanos e igualdad sustantiva de género, “que contribuyan a la inclusión, equidad, excelencia y mejora continua de la educación”.
De igual forma, deberán contar instalaciones que faciliten el acceso a personas con alguna discapacidad y un plan de vinculación con fuentes de trabajo y “sectores sociales”, conforme a sus planes de estudio.
El Rvoes no se le otorgará a instituciones que hayan sido sancionadas por la SEP en los últimos cinco años, anteriores a la fecha de solicitud del reconocimiento.
Esta nueva Ley será turnada a la Comisión de Educación del Congreso de Puebla, donde sería votada una vez que se reanude el periodo ordinario, a partir del 15 de mayo.