La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Isabel Merlo Talavera presentó una iniciativa que plantea reducir la pena de prisión contra personas que cometan acoso sexual en el transporte público de Puebla, dejándola en hasta dos años, cuando actualmente la sanción alcanza los diez años.
La legisladora planteó reformar el artículo 278 Quater del Código Penal Estatal, el cual establece una sanción de un mes a un año de cárcel y una multa de 4 mil 481 hasta 26 mil 886 pesos, contra quienes cometan el delito de acoso.
La adición plantea que cuando la agresión “suceda en el transporte público, la sanción que corresponderá podrá aumentarse hasta el doble de lo señalado en el presente párrafo”, quedando de entre dos meses a dos años, además del castigo económico.
Propuesta contraviene a la pena ya establecida en el Código Penal
Sin embargo, la redacción de esta propuesta contraviene lo establecido actualmente en el Código Penal, pues ya existe un párrafo que especifica la sanción por acoso en transporte público, la cual, va de los seis a diez años de prisión. Así lo señala el artículo vigente:
A quien cometa el delito de acoso sexual en espacios públicos comunitarios, de libre acceso o en instalaciones o vehículos destinados al transporte público o de pasajeros, asedie o acose a una persona con fines lascivos expresándose de manera verbal o física (…) se le impondrá una pena de seis a diez años de prisión y multa de doscientas a cuatrocientas Unidades de Medida y Actualización”.
En el documento, la propuesta de Isabel Merlo no incluye este apartado, dejando su versión sólo con la sanción de hasta dos años, por lo que jurídicamente esta omisión significa que su reforma va por la reducción de la pena.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su primer análisis y votación.
Para frenar la violencia contra las mujeres en el transporte público, la recién aprobada Ley de Transporte contempla que las unidades sean espacios seguros para las mujeres, por lo que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) podrá realizar acciones para frenar cualquier abuso.