El Congreso local presentó una iniciativa de decreto para aprobar y fijar montos máximos de deuda pública que puedan adquirir los alcaldes para el ejercicio 2021-2024 en los 217 municipios. En el caso del Ayuntamiento de Puebla, el tope es de 162 millones de pesos.
En Sesión Ordinaria de este jueves, la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) propuso el acuerdo para autorizar a los 217 ayuntamientos a adquirir créditos públicos. Solo, no podrán hacerlo aquellos que ya tengan un endeudamiento.
El documento establece que podrán solicitar uno o varios financiamientos ante cualquier institución bancaria de México. La selección tendrá que ser con el banco que presente “las mejores condiciones de mercado”, en cuanto a las condiciones y plazos de pago.
También, que este recurso deberá estar enfocado en la creación de obras públicas, para los municipios que no tienen solvencia.
El decreto se presentó previo análisis de la Jugocopo sobre las capacidades financieras de los gobiernos locales y sus posibilidades de pago.
El Ayuntamiento de Puebla es el que tiene mayor capacidad crediticia, ya que se le permiten créditos que no superen los 162 millones 32 mil 665 pesos.
En San Pedro Cholula, se podrá pedir un máximo de 32 millones 311 mil pesos, mientras que para San Andrés el tope será de 21 millones 955 mil.
El presidente de la Jugocopo, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, mencionó que los ayuntamientos deberán gestionar con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) que se cumplan los requisitos para solicitar el recurso en préstamo.
“Es un endeudamiento que está con una taza de 25% y que será dentro de la reglamentación del FISEN”, dijo en entrevista.
Destacó que los préstamos correrían con un interés promedio del 7% anual, que es el más bajo que actualmente existe en el mercado. “Es importante que los Cabildos aprueben este tema y ver si califican para ello y el rubro específico para usar”.
Sergio Salomón precisó que quienes tengan endeudamiento no podrán acceder a nuevos créditos.
El decreto fue turnado a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso local para su aprobación.