La diputada Aurora Sierra Rodríguez presento una iniciativa en el Congreso de Puebla para considerar como violencia política de género la difusión de “noticias falsas” que afecten a una funcionaria o candidata, así como manejar información que minimice sus funciones al resaltar algún vínculo matrimonial.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) planteó una reforma al artículo 21 Bis y Ter de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En el 21 Bis, la reforma propone que se considere como una variante de violencia de género cualquier acción ejercida por parejas o ex parejas en contra de una mujer. En cambio, en el 21 Ter se adiciona como un tipo de violencia de género “divulgar imágenes, mensajes, videos, fotografías, noticias falsas o información privada de una mujer precandidata o en ejercicio de sus funciones”.
En la fracción X, también se incluye como parte de este delito las amenazas que reciban familiares o colaboradores “con la pérdida de su vida o seguridad, con demandarla o con divulgar noticias falsas, información privada o que se conoce con motivo de una relación de pareja, familiar o de amistad o con cualquier tipo de amenaza”.
En la fracción XXI se plantea como una variante de violencia de género que se dé prioridad al vínculo o ex vínculo matrimonial de una mujer cuando se habla de ella, por encima de la función que ejerce.
Menoscabar a una mujer precandidata, candidata o en ejercicio de sus funciones, con motivo de su vínculo matrimonial o ex matrimonial o, en su caso, familiar, por cualquier medio físico o virtual, con el objetivo de reproducir estereotipos de género, denostar su autonomía en la toma de decisiones, negarle su individualidad y personalidad propia”.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su primer análisis y votación.
Actualmente, el Código de Instituciones y Procesos Electorales plantea una serie de sanciones por violencia política de género, entre ellas, que la persona responsable pueda ser suspendido del cargo que tiene. En cambio, a la víctima se le ofrece una indemnización, disculpa pública o medidas de no repetición.
Durante las pasadas elecciones, la incidencia por agresiones contra mujeres en la vida política disminuyó, en comparación a los comicios del 2018.