En la denuncia que interpuso la ASE por el manejo irregular de más de 102 millones de pesos, se solicita el aseguramiento de las cuentas bancarias y una investigación del patrimonio del ex presidente municipal de Puebla, Antonio Gali Fayad, cuatro de sus ex colaboradores y las 98 empresas factureras con las que supuestamente simularon operaciones para desviar el dinero público.
CENTRAL publicó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) denunció penalmente al ex alcalde de Puebla, Antonio Gali Fayad; al ex secretario general del Ayuntamiento, Mario Riestra Piña; a Luz María Aguirre Barbosa, ex titular de la Contraloría; a Arely Sánchez Negrete, quien encabezó la Tesorería; así como a Rafael Ruiz Cordero, el ex secretario de Administración.
A los ex funcionarios municipales se les acusa de asociación delictuosa, abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, peculado, fraude y demás que resulten. Mientras, a las 98 empresas factureras involucradas en el presunto desvío de 102 millones de pesos, se les denuncia por asociación delictuosa, fraude y demás que resulten responsables.
Ver: ASE va vs Tony Gali por desviar 102 millones de pesos
Las diligencias que la ASE solicita a la Fiscalía General del Estado (FGE) abarcan la petición de las declaraciones fiscales de los ex funcionarios, el registro de los bienes inmuebles con los que cuentan, los informes de sus cuentas bancarias y el aseguramiento de las mismas.
Respecto a las empresas, se solicita a la Secretaría de Economía un informe sobre la existencia de las compañías, la información sobre sus cuentas bancarias si es que se cuenta con ésta y si se encuentran abiertas.
ASE pide investigar el patrimonio de los involucrados
En la denuncia, la Auditoría Superior del Estado solicitó que se realicen diferentes diligencias para investigar el patrimonio de los ex funcionarios municipales involucrados en el presunto desvío de 102 millones de pesos.
La ASE pidió a la FGE girar un oficio al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para que le informe sobre las declaraciones fiscales del ex alcalde de Puebla, Antonio Gali Fayad y tres de sus ex colaboradores, Mario Riestra Piña, Luz María Aguirre Barbosa, Arely Sánchez Negrete y Rafael Ruiz Cordero.
En las diligencias, también se solicita hacer las gestiones para que al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla informe sobre los bienes inmuebles inscritos a nombre de estos tres ex funcionarios municipales.
Además, que se realicen las gestiones necesarias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que requiera a todas las instituciones bancarias del país la información relacionada con las cuentas a su nombre, si cuentan con datos, que remitan los estados de cuenta de febrero de 2014 a la fecha en que se expida el oficio de solicitud.
Respecto a las diligencias para investigar la presunta responsabilidad de las 98 empresas, se pide a la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado los contratos celebrados entre la dependencia y las personas morales involucradas en la denuncia, de febrero de 2014 a febrero de 2016.
A la Secretaría de Economía del Gobierno Federal a fin de informar si existe registro de las empresas y en su caso, remita expediente de cada una de ellas. Tal como a los funcionarios, también se solicitará un informe sobre las cuentas bancarias a su nombre y, en caso de tenerlas, que se remitan los estados de cuenta de febrero de 2014 a la fecha del oficio.
Gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que a su vez expida los oficios correspondientes con la finalidad de que se lleve a cabo el aseguramiento de los instrumentos, objetos o productos del delito”, indica la denuncia.
El modus operandi de las factureras
Para realizar el presunto desfalco, las 98 Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) emitieron varios Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s), es decir, facturas electrónicas por diferentes cantidades y montos, varios no superaron los 100 mil pesos, por lo que a través de pequeñas cantidades habrían sumado los 102 millones de pesos.
Por ejemplo, en la denuncia se asentó que la empresa Asociación de Agroproductores Sade SA. de CV. emitió dos CFDI´s sólo para facturar 600 pesos; también llama la atención el caso de la empresa Construcciones Ascar S.A. de C.V. que emitió cuatro facturas electrónicas por un monto global de 4 mil 200 pesos.
La empresa denominada Comercializadora del Centro Brunocas S.A. de C.V. se emitieron 17 CFDI´s sólo para justificar 24 mil 974 pesos. La persona moral llamada Como en el Rancho S.A de C.V. emitió una factura electrónica por un monto de 640 pesos.
El monto máximo que facturó una de estas empresas fue por 39 millones 308 mil 808 pesos, la compañía Soluciones Organizacionales Strategia S.A de C.V. fue la encargada de emitir 10 CFDI´s al Ayuntamiento por dicho monto.
La empresa Vepora Constructora S.A de C.V. con 5 millones 443 mil 798 pesos a través de seis facturas electrónicas; también Bosques Constructora Arrendadora e Inmobiliaria S.A. de C.V. que facturó 4 millones 652 mil 272 pesos mediante nueve CFDI´s, e Hinfra S.A de C.V. emitió a favor del municipio de Puebla ocho CFDI´s por 4 millones 348 mil 369 pesos.
Hinfra S.A de C.V. ya había sido señalada por operar de manera irregular y también por formar parte de las empresas factureras con las que los ex gobernadores Rafel Moreno Valle y Antonio Gali desviaron recursos desde el Comité Administrador para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).
